Alcaldía dice que ha actuado conforme a la ley y brindado garantías a comunidad de Loma Grande

A partir del 30 de mayo se restringió el acceso de residuos sólidos al relleno de los demás municipios, con excepción a Montería.


Montería. Ante la problemática que se desprende de la disposición final de basuras en el relleno sanitario ubicado en la vereda Loma Grande y de la protesta pacífica que ha adelantado un grupo de habitantes de la zona, la Alcaldía de Montería precisó que siempre ha estado acompañando el proceso y escuchando la voz de sus protagonistas.

A través de un comunicado, la Administración Municipal dijo que “se han mantenido todas las instancias de diálogo con la comunidad de Loma Grande, conversaciones en las que se ha contado con la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Personería de Montería, Procuraduría, CVS y Urbaser. En los últimos dos meses se han realizado más de cinco encuentros”.

De igual forma, precisaron que con la actualización del Plan de Ordenamiento Territorial (POT), hecha por la actual Administración Municipal, se logró blindar a las comunidades estableciendo que este tipo de rellenos deben funcionar en otros puntos geográficos que cumplan con todas las especificaciones técnicas y ambientales.

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“De esta manera, se logra que el relleno de Loma Grande no sea objeto de una expansión, toda vez que se determinan zonas de disposición de residuos sólidos reflejadas en el mapa 41 del POT, zonas dentro de las cuales no está el relleno sanitario de Loma Grande. Esto se establece en el mediano plazo de ejecución del POT como fecha máxima el mes de mayo de 2029”, dijeron desde el Gobierno de la ciudad.

Estas argumentaciones se dan por el rechazo de la comunidad de Loma Grande ante el acompañamiento que dio la Policía Metropolitana a los carros recolectores de la empresa Urbaser. Sobre este hecho, el gobernador indígena del cabildo Jaraguay, Rafael Gómez Herrera, dijo sentirse indignado.

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“Estamos indignados. Vemos una vez más que priman los intereses de una concesión que los de una población. Esta población no tiene armas ni tiene fusiles, solamente estamos diciendo: no más al relleno sanitario de Loma Grande y no más contaminación”, dijo Gómez Herrera.

Sin embargo, el Municipio enfatizó que a través de su gestión se logró que en Loma Grande hubiera una planta de tratamiento de aguas residuales (lixiviados PTAR), como también ha venido exigiendo el cumplimiento de las medidas cautelares interpuestas por el Tribunal Administrativo de Córdoba, las cuales dictan que al relleno solo puede ingresar el 60% de los residuos sólidos generados en la capital cordobesa.

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Según la Alcaldía, estas y otras medidas y proyectos han beneficiado a la comunidad de Loma Grande y que las mesas de diálogo continuarán de la mano de la Superintendencia de Servicios Públicos, la CVS y los entes adscritos al Ministerio Público como garantes del proceso.



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