La Misión de Observación Electoral (MOE) advirtió que la compra de votos continúa entre los principales riesgos que enfrenta el proceso electoral en Colombia durante la recta final previa a las votaciones.
La directora de la organización, Alejandra Barrios, señaló que el debate público se ha concentrado en aspectos técnicos de la jornada electoral, como la logística del sistema y la revisión del código fuente, mientras persisten prácticas ilegales que afectan directamente la libertad del votante. “La compra de votos es un tema que sigue siendo problemático en este país”, afirmó durante una declaración ante medios de comunicación.
Según explicó la directora de la MOE, en las últimas semanas la organización ha recibido reportes sobre presiones indebidas a ciudadanos y participación irregular de funcionarios públicos en política. Entre los casos documentados aparecen denuncias de contratistas que habrían sido amenazados con la no renovación de sus contratos si no apoyan determinadas candidaturas.
Los reportes recopilados por la organización provienen de diferentes regiones del país, entre ellas los departamentos de Tolima, Atlántico, Valle del Cauca y Caldas, donde se han registrado alertas por posibles prácticas de constreñimiento al elector.
Barrios indicó que estas situaciones no se limitan a un partido político en particular. Según explicó, la MOE ha identificado que este tipo de conductas aparecen en diversas organizaciones políticas y niveles de la administración pública.
La organización también confirmó que su plataforma ciudadana Pilas con el Voto ha recibido alrededor de 145 reportes de posibles irregularidades electorales, información que posteriormente se remite a las autoridades competentes para su verificación.
La MOE reiteró el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier anomalía relacionada con compra de votos, presiones al elector o participación indebida de funcionarios en política. El objetivo, explicó la organización, consiste en fortalecer la transparencia del proceso democrático y permitir que las autoridades investiguen posibles delitos electorales.
