El Ministerio de Transporte adelantará una revisión integral del funcionamiento y la legalidad de las cámaras de fotomultas instaladas en todo el territorio nacional.
La medida responde a una instrucción directa del presidente Abelardo de La Espriella, quien pidió garantizar que estos mecanismos protejan la vida y no se conviertan en instrumentos de recaudo.
La solicitud presidencial se produjo luego de que la cartera anunciara la suspensión en la entrada en operación de tres nuevas cámaras de velocidad ubicadas en la Vía al Mar, corredor que conecta a Barranquilla con Cartagena.
La ministra de Transporte, Elsa Noguera, señaló que la detección electrónica debe cumplir una función preventiva y no recaudatoria. “La detección electrónica debe prevenir siniestros y salvar vidas, no convertirse en un mecanismo de recaudo a costa de los ciudadanos”, afirmó la funcionaria.
Noguera explicó que las decisiones sobre instalación de cámaras deben responder a las condiciones particulares de cada corredor vial y contar con respaldo técnico. “La seguridad vial no se resuelve únicamente instalando cámaras.
Las decisiones deben responder a las condiciones reales de cada corredor y estar sustentadas técnicamente. La protección de la vida estará siempre por encima de cualquier interés económico”, puntualizó.
La funcionaria advirtió que el Gobierno Nacional actuará frente a cualquier anomalía detectada durante el proceso de auditoría. “Donde encontremos abusos o irregularidades o incumplimientos, actuaremos con la contundencia que corresponde”, aseguró.
La revisión verificará que los sistemas cuenten con autorización, sustento técnico y legal, considerando factores como siniestralidad, límites de velocidad, señalización vial y condiciones específicas de cada tramo. La cartera también evaluará la normativa vigente para fijar criterios más exigentes en la instalación de nuevos equipos.
El Ministerio de Transporte indicó que priorizará soluciones integrales que combinen ingeniería, señalización, pedagogía y control, con el objetivo de reducir riesgos viales y proteger la vida de los usuarios en las carreteras del país.
