El Ministerio de Igualdad y Equidad solicitó a la Defensoría del Pueblo activar medidas preventivas para garantizar el derecho al voto de campesinos y comunidades rurales durante las elecciones presidenciales previstas para el próximo 31 de mayo.
La petición quedó consignada en un oficio firmado por Santiago Salinas Miranda, director para la Igualdad y Equidad del Campesinado y viceministro encargado para las Poblaciones y Territorios Excluidos y la Superación de la Pobreza.
En el documento, la entidad expresó preocupación por posibles restricciones al acceso electoral en zonas rurales del país y recordó antecedentes registrados durante las consultas interpartidistas de octubre de 2025.
Según el Ministerio, en ese proceso se presentaron cierres, traslados y limitaciones en puestos de votación que afectaron a más de 1,4 millones de ciudadanos rurales.
El informe señala que el año pasado fueron cerradas 3.747 mesas de votación en distintos departamentos del país, con impactos especialmente altos en regiones como Bolívar, Nariño, Tolima, Santander y Antioquia.
En la solicitud enviada a la Defensoría, el Ministerio pidió verificar de manera preventiva la ubicación y funcionamiento de puestos de votación en áreas rurales y fortalecer la vigilancia en municipios con antecedentes de barreras de acceso, problemas de orden público o dificultades logísticas.
Además, solicitó que la Registraduría, el Ministerio del Interior y las autoridades territoriales informen oportunamente cualquier modificación, traslado o restricción relacionada con mesas electorales.
