El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, defendió este 27 de enero ante el Senado de la República la necesidad de la emergencia económica para obtener recursos que permitan proteger a las tropas de los ataques con drones, que crecen de forma exponencial.
Durante el debate de control político sobre el decreto expedido el 22 de diciembre de 2025, el funcionario presentó la amenaza aérea no tripulada como uno de los factores que obligan al Gobierno a buscar financiación urgente.
“De lo contrario, seguiremos perdiendo vidas. (…) Hay una grave crisis para proteger a la fuerza pública”, afirmó Sánchez durante su comparecencia. El jefe de la cartera explicó que el país enfrenta un aumento sin precedentes de estas agresiones, lo que genera tanto víctimas fatales como costos por sentencias judiciales.
El ministro reveló que el más reciente ataque fatal ocurrió en Norte de Santander, donde un soldado murió y cinco resultaron heridos.
“La última pérdida de vida fue ahorita en Norte de Santander. Un soldado fue asesinado en un ataque con dron; cinco más quedaron heridos. Tenían protección antidron; sí tenía, pero no daba la cobertura suficiente para cómo van ellos incrementando esa capacidad de atacarnos desde más lejos o desde más alto”, detalló ante los congresistas.
Según explicó Sánchez, aunque las unidades militares cuentan con equipos anti-drones, la tecnología disponible resulta insuficiente frente a las nuevas tácticas de los grupos armados, que ahora ejecutan operaciones desde mayores distancias y alturas.
“Eso significa que se requieren aún mayores capacidades; de lo contrario, seguiremos perdiendo vidas”, advirtió el ministro mientras presentaba gráficas sobre el crecimiento exponencial de los ataques durante el último año.
“¿Cuánto cuesta la vida de un soldado? ¿Cuánto cuesta la vida de un policía? ¿Cuánto cuesta la vida de aquel que está dispuesto a aprender la vida para que nosotros estemos acá?”. Sánchez argumentó que la falta de recursos genera un doble impacto: muertes de personal militar y obligaciones económicas por sentencias judiciales.
El debate de control político fue convocado por el senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, quien cuestionó la constitucionalidad del decreto de emergencia económica que el presidente Gustavo Petro firmó tras el hundimiento de la reforma tributaria en el Congreso.
La medida excepcional busca recaudar $16,3 billones y ha sido demandada ante la Corte Constitucional por sectores políticos y gremiales que argumentan que no existen hechos sobrevinientes que justifiquen su declaratoria.
El Ministerio de Defensa ha desarrollado el proyecto Escudo Nacional Antidrones, con un presupuesto cercano a $6,2 billones, para contrarrestar esta amenaza.
Según datos oficiales, durante 2025 el Ejército frustró más de 8.800 intentos de ataques con este tipo de dispositivos en diferentes regiones del país, especialmente en Cauca, Nariño, Norte de Santander y Antioquia.
