El ministro de Defensa, Pedro Sánchez, fue enfático durante el debate de control político en el Senado sobre el escándalo de los archivos de alias ‘Calarcá’: si el general Juan Miguel Huertas no genera confianza, será retirado del Ejército sin contemplaciones.
“No toleramos que un traidor esté al lado de uno de nuestros hombres. Un traidor al lado de nuestros hombres significa también la muerte”, afirmó el jefe de la cartera ante los congresistas.
En uno de los momentos más tensos de su intervención, rechazó que los parlamentarios insinuaran la existencia de un “cartel de los soles” dentro de la cúpula militar. Calificó esa afirmación como una falta de respeto y defendió el honor institucional: “Si hay algo que hemos cultivado durante toda la vida, se llama dignidad y honor. Aquí no lo hacemos por plata. Estamos aquí por servir”.
Frente al caso Huertas, Sánchez detalló que el oficial abandonó las filas voluntariamente en diciembre de 2021 y que los hechos investigados ocurrieron en julio de 2024, cuando ya no pertenecía a la institución. Su regreso se produjo en julio de 2025 por orden del presidente Gustavo Petro.
Tras la publicación de Noticias Caracol el 23 de noviembre, el Ejército abrió investigación al día siguiente. El 2 de diciembre, el ministro ordenó además una inspección especial sobre todas las actuaciones del general desde su reintegro. “Si no da la confianza, lo retiraremos, sin duda alguna”, advirtió.
El funcionario también reveló que desde comienzos de año lidera acciones de contrainteligencia para detectar irregularidades internas. En 2025 se han recibido 18.093 llamadas ciudadanas, de las cuales 168 aportaron información útil y 26 derivaron en presuntos casos de corrupción bajo análisis.
El escándalo estalló cuando Noticias Caracol reveló el contenido de computadores, celulares y memorias USB incautados a las disidencias de alias ‘Calarcá’ durante un operativo en Anorí, Antioquia, en julio de 2024. Esos archivos, que la Fiscalía tuvo bajo reserva durante más de un año, contendrían comunicaciones que vinculan al general Huertas con propuestas de negocios irregulares, incluida la creación de una empresa de seguridad privada. La Procuraduría ya suspendió provisionalmente a Huertas y a Wilmar Mejía, director de Inteligencia de la DNI, mientras avanzan las investigaciones.
