Miguel Uribe Turbay se convierte en el séptimo candidato presidencial asesinado en la historia de Colombia

El magnicidio del senador completa una trágica lista que incluye a Gaitán, Galán y otros líderes políticos.
11 meses atrás

La muerte de Miguel Uribe Turbay convierte al senador del Centro Democrático en el séptimo candidato o precandidato presidencial asesinado en la historia de Colombia, sumándose a una trágica lista que evidencia la persistencia de la violencia política en el país durante más de siete décadas.

Colombia registra cuatro homicidios de este tipo en las elecciones de 1990, pero la cifra total asciende a siete casos documentados desde 1948.

El primer magnicidio ocurrió con Jorge Eliécer Gaitán el 9 de abril de 1948, cuyo asesinato produjo enormes protestas populares conocidas como el Bogotazo y marcó el inicio de la violencia.

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El periodo más sangriento se registró entre 1987 y 1990, cuando cuatro candidatos presidenciales fueron asesinados en menos de tres años. Jaime Pardo Leal fue asesinado el 11 de octubre de 1987, seguido por Luis Carlos Galán el 18 de agosto de 1989, quien lideraba las encuestas y había hecho de la lucha contra el narcotráfico su bandera.

En 1990, Bernardo Jaramillo Ossa fue asesinado el 22 de marzo y Carlos Pizarro Leongómez el 26 de abril, siendo asesinado antes de tomar un vuelo de Bogotá a Barranquilla.

Cinco años después, el 2 de noviembre de 1995 fue asesinado Álvaro Gómez Hurtado cuando salía de la Universidad Sergio Arboleda.

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Miguel Uribe Turbay, quien falleció tras dos meses de hospitalización por el atentado del 7 de junio, cierra esta lista de magnicidios que abarca diferentes corrientes políticas: desde el liberalismo gaitanista hasta el conservatismo, pasando por la izquierda de la Unión Patriótica y el M-19 desmovilizado.

Cada ataque ha sido más que un crimen: ha sido un golpe al corazón mismo de la esperanza democrática, según analistas que estudian la violencia política en Colombia.

La muerte del senador de 39 años reactiva el debate sobre las garantías de seguridad para candidatos presidenciales y la necesidad de proteger el sistema democrático colombiano de nuevos episodios de violencia política.