En una operación de alto sigilo y con características militares, México trasladó de manera secreta a 55 de los principales líderes del narcotráfico a la custodia de Estados Unidos.
Las acciones se ejecutaron en dos fases a lo largo de este año y sorprendieron incluso a los propios detenidos, quienes desconocían su destino final hasta aterrizar en territorio estadounidense.
Las autoridades mexicanas desplegaron cerca de 2.000 elementos de fuerzas especiales, utilizaron convoyes señuelo y aplicaron estrictos protocolos de seguridad para evitar filtraciones. El operativo incluyó el congelamiento de cuentas bancarias, el relevo de personal penitenciario y hasta cambios en los servicios de alimentación en las cárceles, ante el temor de fugas, motines o posibles asesinatos internos.
Entre los trasladados figuran figuras del crimen organizado, vinculadas a los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Destaca Rafael Caro Quintero, señalado por el homicidio del agente de la DEA Enrique “Kiki” Camarena en 1985, así como los hermanos Treviño, acusados de continuar operaciones criminales desde prisión.
Una vez en Estados Unidos, los detenidos quedaron a disposición de tribunales federales y enfrentan condenas que podrían incluir cadena perpetua en prisiones de máxima seguridad. Según fuentes judiciales, varios deberán decidir entre colaborar con las autoridades estadounidenses o afrontar penas extremas bajo estrictos regímenes de aislamiento.
La operación ocurre en medio de una creciente presión del gobierno estadounidense, que habría advertido sobre sanciones económicas si México no intensificaba su lucha contra el narcotráfico. Ya se evalúa un posible tercer traslado, lo que confirma un giro drástico en la cooperación bilateral en materia de seguridad.
