Una potencial reducción en la producción de petróleo y gas en Colombia podría tener un impacto significativo en las regalías e impuestos destinados a financiar necesidades básicas en los departamentos productores, advirtió Frank Pearl González, presidente de la Asociación Colombiana del Petróleo y Gas (ACP), durante una entrevista en la que abordó los desafíos del sector.
Pearl cuestionó cómo se financiarían los sistemas de participación y se cerrarían las brechas en áreas críticas como educación y salud si no se aprovechan de manera efectiva los recursos generados por la industria de hidrocarburos. “Si no tenemos petróleo y gas, pero además no hemos encontrado ni aprovechado otras fuentes, ¿de qué vamos a vivir?”, planteó el líder gremial.
El presidente de la ACP hizo un llamado a que la transición energética en Colombia se realice de manera gradual y ordenada, definiendo claramente los sectores hacia los cuales se dirigirá la economía en el futuro, sin dejar de lado las necesidades apremiantes de la población. “La transición energética no puede ser un salto al vacío”, enfatizó Pearl.
Según el dirigente, es fundamental que durante este proceso de transición se garantice la protección de las comunidades y se impulse la formalización de la economía, al tiempo que se trabaja en resolver los profundos desafíos sociales que enfrenta el país. Pearl destacó que las empresas del sector están dispuestas a ser parte de esta transición, cumpliendo su función social con altos estándares ambientales y procurando que los recursos lleguen efectivamente a la población.
La preocupación expresada por Frank Pearl se suma a la de varios gobernadores de departamentos productores, quienes temen que una disminución en las regalías derivadas de la industria de hidrocarburos pueda comprometer el cumplimiento de objetivos de desarrollo regional.
Este escenario plantea la necesidad de un diálogo constructivo entre el gobierno, las empresas y las comunidades para definir una hoja de ruta que permita una transición energética sostenible y equitativa, sin poner en riesgo el financiamiento de necesidades básicas en las regiones más dependientes de los ingresos generados por el petróleo y el gas.
