El ministro de Justicia, Iván Cancino González, anunció ante la Comisión Primera de la Cámara de Representantes que el Gobierno Nacional contempla la posibilidad de acudir a la figura de alianzas público-privadas y vincular a la Agencia Nacional de Infraestructura (ANI) para construir las megacárceles que el presidente Abelardo de la Espriella propuso durante su campaña.
“Trataremos de cumplir representante, no solo con dinero público”, respondió el jefe de la cartera durante el debate del Presupuesto General de la Nación 2027.
Ante una inquietud del representante Daniel Briceño, Cancino aclaró que el plan contempla nuevos centros penitenciarios, aunque la prioridad inmediata consiste en concluir dos proyectos con avance cercano a su entrega: La Guajira y Sabanas de Ángel.
“Claro que la idea es construir otras, pero también hay que priorizar la terminación”, precisó el funcionario, quien reconoció que la planeación de estas obras continúa abierta y requiere recursos.
Megacárceles con un presupuesto ajustado
La discusión ocurre en medio de restricciones fiscales. Para 2027, el Ministerio identificó necesidades por cerca de $315.000 millones, pero la asignación, tras una enmienda del 28 de agosto, equivaldría al 57 % de esa solicitud inicial.
Las cárceles y la USPEC concentran el 75 % de los recursos en debate. Por esa razón, la cartera también tocó las puertas del BID, la CAF y fondos multidonantes.
“Tengo muy claro desde hace más de 26 años que el problema no se soluciona construyendo cárceles, pero hay que construirlas”, afirmó Cancino, quien planteó que los nuevos penales deben ofrecer trato diferenciado a mujeres, personas con enfermedades mentales y niños que crecen junto a sus madres reclusas.
El ministro advirtió además que impedirá que internos con recursos paguen a otros presos para acumular redención de pena por trabajo: “eso también es corrupción y eso no se va a permitir”.
