El Tribunal Administrativo de Antioquia decretó una medida cautelar de urgencia que suspende la aplicación del Decreto 182 de 2026, mediante el cual el Gobierno Nacional había modificado el esquema de aseguramiento en salud con enfoque territorial y poblacional,y permitía el traslado de unos 6 millones de pacientes a la Nueva EPS.
La decisión, firmada el 10 de marzo por el magistrado Daniel Montero Betancur de la Sala Tercera del tribunal, ordena al Ministerio de Salud abstenerse de materializar las disposiciones contenidas en ese decreto reglamentario hasta que el asunto sea resuelto de fondo mediante sentencia definitiva.
El demandante argumentó que el decreto, expedido el 24 de febrero de 2026, vulnera intereses colectivos relacionados con la moralidad administrativa, al modificar artículos clave del Decreto 780 de 2016, norma única reglamentaria del sector salud, en lo que concierne a la operación del aseguramiento en salud en los territorios.
El tribunal consideró que permitir la implementación del decreto mientras se resuelve el litigio podría consumar un riesgo irreversible sobre los derechos colectivos, particularmente en municipios donde la reforma podría dejar un único operador de salud sin competencia.
