Desde que fue capturado el 3 de enero de 2026 en Caracas y trasladado a Estados Unidos para enfrentar cargos federales de narcotráfico, Nicolás Maduro tiene un problema concreto además de su situación judicial: financiar su defensa legal en Manhattan, una de las plazas jurídicas más costosas del mundo.
El abogado Barry Pollack solicitó ante un tribunal federal de Nueva York que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos desbloquee fondos estatales venezolanos para cubrir los honorarios de la defensa, argumentando que una supuesta “ley y costumbre venezolana” obliga al Estado a asumir esos costos. El problema central es que esa norma no existe en ningún código, decreto ni jurisprudencia venezolana.
En el ordenamiento jurídico venezolano, la costumbre solo opera como fuente de derecho de manera secundaria y nunca cuando contradice la ley escrita o el interés público. La normativa de control fiscal del país prohíbe explícitamente destinar recursos públicos para cubrir defensas penales por delitos de carácter personal cometidos en el extranjero. El narcotráfico no es una función de Estado.
El Departamento del Tesoro, a través de la OFAC, bloqueó los fondos argumentando que pertenecen al pueblo venezolano y no pueden usarse para defender a quien enfrenta cargos criminales individuales. Una licencia otorgada el 9 de enero fue revocada apenas tres horas después.
Si el juez rechaza el argumento, Maduro podría recibir un defensor de oficio pagado por el Estado estadounidense. La próxima audiencia está fijada para el 17 de marzo de 2026.
