Mientras los presuntos autores del triple homicidio del ganadero Esteban Urueta y sus mayordomos permanecen en prisión preventiva, la investigación mantiene varios cabos sueltos que la Fiscalía deberá resolver en la etapa procesal que ahora comienza.
Uno de los principales interrogantes surge del testimonio de Cristian Petro Almanza, quien menciona a un sujeto identificado como “Carlos” en su narración de los hechos.
Según el interrogatorio valorado por la juez, este personaje habría estado en lugar donde ocurrió el triple crimen y posteriormente habría participado en los hechos violentos.
La investigación deberá establecer la identidad y real participación de este sujeto y su participación concreta en el triple homicidio.
La versión de Petro Almanza también plantea dudas sobre la presencia de “cuatro individuos desconocidos” en el lugar de los hechos, quienes según su relato “tenían el rostro cubierto y portaban guantes y armas de fuego” y que, según los procesados, los obligaron a asesinar al ganadero Esteban Urueta y a sus mayordomos.
Esta afirmación, contenida en el informe policial citado por la juez, no ha sido corroborada por otras evidencias y contradice la teoría inicial del caso presentada por la Fiscalía.
Otro elemento sin esclarecer es el destino del vehículo tipo camioneta Toyota Hilux de placas DYD-761 del ganadero Urueta, que según los testimonios fue trasladado “hasta un paraje cerca del peaje de Garzones, Córdoba”. La investigación deberá determinar si hubo participación de más personas en este traslado y el paradero final del automotor.
La desaparición de los teléfonos celulares de las víctimas constituía otro misterio, pero la Fiscalía logró el análisis de la geolocalización, ubicar a víctimas y victimarios en el lugar entre las 8:23 y las 17:57 horas, los dispositivos “fueron apagados para evitar ser rastreados”, indica el expediente citado por la juez.
También queda por establecer el móvil definitivo del crimen. Aunque la Fiscalía plantea una hipótesis relacionada con la administración irregular del ganado, señalando que “el ganadero tenía información acerca de que su administrador se estaba apoderando en beneficio propio de los semovientes en custodia”, la juez señaló que “tales motivaciones y circunstancias seguramente serán objeto de investigación en la etapa procesal que ahora comienza”.
La juez cuestionó que algunos elementos probatorios, incluyendo unos audios presentados por la defensa de los procesados, “no fueron dados en traslado” al despacho ni a los demás intervinientes.
Con esos audios, la defensa pretendía demostrar que Petro Almanza y Soto Garcés habrían ido sometidos con actos violentos por la Policía Judicial a fin de constreñirlos para declarar.
Según la juez, no se pudo verificar “cómo fueron obtenidos, cuál fue la cadena de custodia y de qué celulares fueron extraídos”.
Asimismo, la investigación deberá profundizar en las circunstancias que rodearon el traslado de los procesados a Cartagena tras los hechos y quienes los ayudaron a salir del departamento.
La juez cuestionó este comportamiento preguntándose “¿por qué irse a vivir los dos a una ciudad distinta a su terruño natal si nunca habían convivido?”, un elemento que fue determinante para ordenar su prisión preventiva.
