“Lo que vamos a recibir de parte del Gobierno va a ser represión”: senadora Pedraza sobre decreto de protesta

La congresista calificó el borrador como regresivo y afirmó que una norma de este tipo debería pasar por el Congreso.
3 horas atrás
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La senadora Jennifer Pedraza cuestionó el borrador de decreto con el que el Gobierno del presidente Abelardo De La Espriella busca modificar las reglas sobre protesta social y anunció que, si es aprobado, lo demandarán ante el Consejo de Estado.

Según la congresista, con esta propuesta el Gobierno anuncia que, si los ciudadanos ejercen su derecho constitucional a la protesta, “lo que vamos a recibir de parte del Gobierno va a ser represión”.

Agregó que, en vez de escuchar las inconformidades y promover acuerdos nacionales que atiendan las desigualdades estructurales que llevan a la gente a marchar, “este Gobierno sigue viendo la protesta como un problema y no como un ejercicio básico de nuestra democracia”.

Pedraza sostuvo que el Ejecutivo está modificando “de manera regresiva” un decreto expedido durante el gobierno de Iván Duque a petición de la Corte Suprema de Justicia, “tras los excesos de la Fuerza Pública en las protestas”.

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Además, afirmó que el Gobierno está sustituyendo al Congreso, porque el decreto reglamenta un derecho fundamental, y que le quita funciones a los entes territoriales. Dijo que estos argumentos los presentarán en la etapa de comentarios.

La senadora recordó que la protesta ha sido usada por sectores de derecha, centro e izquierda, y que a través de ella se defienden otros derechos, como el empleo digno, los derechos sexuales y reproductivos y la participación política. “Claro que sí queremos que se den en las mejores condiciones”, señaló, aunque calificó el borrador como un retroceso en la interpretación de la protesta pacífica.

El proyecto, publicado por el Ministerio del Interior para comentarios, modifica el Decreto 003 de 2021. Establece que la prioridad del diálogo no impide intervenir de forma individual contra quienes cometan actos violentos y fija ocho causales para darlo por agotado, como impedir el paso de ambulancias o agredir a servidores públicos.

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A la vez, conserva la presunción de que toda protesta es pacífica y la prohibición de armas de fuego para los uniformados.