Una denuncia penal presentada ante la Fiscalía General de la Nación solicita investigar un presunto caso de “voto fusil” en la primera vuelta presidencial, al advertir posibles presiones de grupos armados ilegales sobre los votantes en municipios donde el candidato del Pacto Histórico, Iván Cepeda Castro, obtuvo resultados ampliamente favorables.
La acción fue radicada por el abogado constitucionalista Germán Calderón España, quien pidió abrir una investigación por el delito de constreñimiento al sufragante, contemplado en el artículo 387 del Código Penal.
Según el denunciante, existe una coincidencia que considera preocupante entre los resultados electorales registrados en varios municipios de Cauca, Chocó y Nariño y las alertas emitidas previamente por la Defensoría del Pueblo sobre presencia e influencia de grupos armados ilegales.
La denuncia se sustenta en un informe divulgado por el exsenador Rodrigo Lara Restrepo, que compara los resultados de la elección presidencial con los territorios identificados por las autoridades como zonas de riesgo electoral.
El documento señala que en numerosos municipios bajo alertas por actividad de organizaciones armadas se registraron votaciones superiores al 90 % en favor de una misma candidatura.
Además de solicitar la apertura formal de una investigación, Calderón pidió a la Fiscalía practicar testimonios de la directora de la Misión de Observación Electoral (MOE), Alejandra Barrios; del exsenador Rodrigo Lara; y del exfiscal general Néstor Humberto Martínez.
También requirió información a la Registraduría, el Consejo Nacional Electoral, la Defensoría del Pueblo y otros organismos de control sobre posibles riesgos e incidencias de grupos armados durante el proceso electoral.
El denunciante sostiene que los datos expuestos constituyen indicios que ameritan una verificación urgente por parte de las autoridades. No obstante, el documento no presenta pruebas directas de amenazas o coerción a votantes, sino que plantea una hipótesis basada en la coincidencia entre los resultados electorales y la presencia de estructuras armadas en determinadas regiones del país.
La Fiscalía deberá determinar si existen elementos suficientes para iniciar una investigación formal sobre los hechos denunciados.
