Líder social exige a actores armados no interferir en elecciones de curul de paz

José Ortega solicita garantías estatales para proceso electoral en sur de Córdoba donde operan grupos ilegales.
1 mes atrás
Foto | Archivo referencial

José Ortega, líder social y defensor de derechos humanos de Córdoba, solicitó a los grupos armados que hacen presencia en el sur del departamento abstenerse de participar en las próximas elecciones de la circunscripción transitoria especial de paz.

El activista espera que estas organizaciones atiendan el comunicado que emitieron durante el proceso de paz con el gobierno nacional.

El defensor reconoció que el sur de Córdoba presenta complejidades particulares para este proceso electoral debido a la hegemonía de actores armados en la zona. “Esperamos que se abstengan a participar en temas políticos centrales que le den las garantías necesarias”, afirmó Ortega al referirse a las estructuras ilegales que controlan el territorio.

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Sin embargo, el líder social enfatizó que esta petición a los grupos armados no exime al Estado colombiano de su responsabilidad. Ortega exigió al gobierno garantizar procesos electorales libres para cada persona que se inscriba en la contienda por el curul de paz.

El activista advirtió que los grupos políticos tradicionales también intentarán ejercer presión sobre las elecciones. Según Ortega, existen rumores de que el gobernador de Córdoba tiene la intención de que esta curul quede bajo el control de su organización política.

“Ahí es donde está la puja por poder organizar a la población para que escojan su mejor representante”, explicó el defensor. Ortega alertó sobre el riesgo de que se repita la situación de la pasada elección, cuando los elegidos no representaron efectivamente la voz de las víctimas del conflicto armado en el Congreso de la República.

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El líder social insistió en que el proceso debe desarrollarse “con total libertad y que sea la gente quien decida a quién debe respaldar en estos territorios”. Las elecciones de la circunscripción de paz buscan garantizar representación política a las comunidades más afectadas por la violencia en Colombia.