Montería. La Representante a la Cámara por Córdoba, Sara Piedrahita, aseguró que la iniciativa legislativa aprobada recientemente en el Congreso y que elimina el cobro de reconexión y reinstalación de los servicios públicos para los estratos 1, 2 y 3, está bien intencionada pero carece de sustento fiscal.
De acuerdo con la parlamentaria, al eliminarse vía Ley los cobros por reconexión, estos deberán ser asumidos por el Estado, para no violar el amparo legal de las empresas privadas a recibir un retorno económico de los costos ligados a la prestación del servicio.
“Alguien tiene que asumir esos costos y el llamado hacerlo es el Gobierno, pero hasta el momento, ni en el Ministerio de Hacienda, ni el Ministerio de Energía se han pronunciado sobre este tema, no hay claridad de dónde van a salir los recursos”, explicó.
Piedrahita, indicó que al carecer de sustento fiscal la Ley no podría pasar una revisión Constitucional, impidiendo así su entrada en vigor.
“A pesar de ser una iniciativa bien intencionada en pro de los usuarios, podría quedarse en el papel”, subrayó Piedrahita.
No obstante, el senador Lidio García, autor de la iniciativa ha resaltado que la ley exoneración el cobro solo por reconexión o reinstalación, cuando la causa de la suspensión o corte sea la mora en el pago de las facturas, y se deja intacto el cobro del cargo fijo por consumo.
