La senadora del Centro Democrático, María Clara Posada, volvió a cuestionar el manejo de recursos asociados a la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y, en particular, los fondos destinados a la implementación de proyectos productivos relacionados con las sanciones propias impuestas a integrantes de las FARC.
En una declaración pública, Posada afirmó que los colombianos terminaron financiando con recursos públicos un convenio por $30.000 millones con el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD) para implementar proyectos productivos que, según explicó, hacen parte de las medidas restaurativas que deben desarrollar integrantes de las FARC.
“Gracias a la JEP los colombianos terminamos pagándole $30.000 millones al PNUD (ONU) para implementar los proyectos productivos que deben desarrollar las FARC como parte de sus ‘sanciones propias’”, sostuvo la congresista.
La senadora cuestionó que estos recursos provengan del presupuesto público y planteó una comparación con los bienes que, según las cifras que citó, habían sido entregados por las FARC a las víctimas.
De acuerdo con Posada, a enero de 2026 las FARC habían entregado bienes por $46.194 millones. También afirmó que la Contraloría había advertido que el grupo no había entregado el 81,8 % de los inmuebles y el 96,5 % de los bienes muebles que se había comprometido a entregar.
A partir de esas cifras, la congresista comparó los recursos destinados a distintos componentes relacionados con el proceso de paz. Según su declaración, los contratos para garantizar la defensa jurídica de las FARC representaron $40.365 millones, mientras que el convenio con el PNUD para implementar las medidas restaurativas ascendió a $30.000 millones.
Posada sostuvo que la suma de ambos conceptos supera los recursos que, según las cifras que citó, las FARC habían entregado a las víctimas.
“Los colombianos hemos gastado más que todo el dinero que entregaron las FARC a las víctimas ($46.194 millones) (…) Las víctimas financiando a los victimarios”, afirmó.
