La procuradora general, Margarita Cabello, respondió a las declaraciones del excanciller Álvaro Leyva, quien cuestionó la sanción de inhabilitación en su contra y sugirió que solo el pueblo puede sentenciarlo. En su réplica, la funcionaria hizo un llamado a respetar y acatar las decisiones judiciales y administrativas, especialmente cuando se trata de altas autoridades.
“El exministro Leyva no fue elegido popularmente, por lo tanto, todos los temas que tienen que ver con las sentencias de la Corte Interamericana no son aplicables al caso“, aclaró Cabello, descartando que el fallo disciplinario en contra de Leyva pueda ser desvirtuado.
La procuradora enfatizó en que las decisiones judiciales y administrativas deben ser obligatoriamente respetadas por las autoridades, más aún cuando se trata de altos funcionarios, aunque no se compartan. “Eso da tranquilidad en toda la sociedad, en el país. Hay que respetarlas, hay que acatarlas”, subrayó.
Cabello recordó que, como cualquier persona inmersa en un proceso disciplinario, Leyva tiene derecho a interponer las acciones que considere adecuadas para su defensa. Sin embargo, insistió en la importancia de respetar y acatar los fallos, independientemente de si se está de acuerdo con ellos o no.
“Como cualquier persona que está dentro de un proceso disciplinario tiene derecho a interponer las acciones que considera adecuadas. En un país como el nuestro las decisiones judiciales y administrativas deben ser respetadas y acatadas por las autoridades, y más cuando se trata de autoridades de alto rango como sería la Procuraduría”, puntualizó la procuradora.
Las declaraciones de Margarita Cabello se dan en respuesta a las afirmaciones de Álvaro Leyva, quien calificó la sanción en su contra como “un mero rasguño con un trasfondo político malintencionado” y aseguró que solo el pueblo puede sentenciarlo.
Recordemos que un fallo disciplinario de primera instancia, la Procuraduría General de la Nación decidió inhabilitar por diez años al excanciller Álvaro Leyva Durán, tras encontrarlo responsable de incurrir en una falta gravísima relacionada con irregularidades en la licitación para la expedición de pasaportes en 2023.
