La senadora Esmeralda Hernández anunció que presentará una demanda contra el decreto que levanta la suspensión general del porte de armas en Colombia, al considerar que la medida flexibiliza los requisitos para acceder a estos elementos y puede derivar en un aumento de la violencia en el país.
“Desde ya anuncio que demandaré este decreto que pretende legalizar el porte de armas. ¡Es una medida sumamente peligrosa!“, afirmó la congresista, quien sostuvo que armar a la ciudadanía no mejora la seguridad y que, por el contrario, puede convertirse en un detonante de mayor violencia en un país con altos niveles de intolerancia ante situaciones cotidianas.
La senadora sustentó su posición en cifras del Ministerio de Defensa, según las cuales la restricción al porte de armas implementada entre 2015 y 2016 generó una reducción inicial del 13 % en los homicidios.
De acuerdo con Hernández, en 2015 había 339.000 personas con permisos de armas autorizados, cifra que se redujo a poco menos de 7.000 tras la entrada en vigencia de la restricción. “Si se flexibilizan muchísimo esos requisitos, va a ser muchísimo más sencillo acceder a un arma”, advirtió.
La congresista también citó las experiencias de Estados Unidos, Brasil, México y Guatemala, países donde, según afirmó, facilitar el acceso a las armas no resolvió los problemas de inseguridad y, en cambio, contribuyó a incrementar los niveles de criminalidad y violencia.
Hernández cuestionó además el argumento según el cual la medida busca proteger a “las personas de bien” frente a los delincuentes armados. “¿Quiénes son las personas de bien? ¿Cómo se define eso? ¿Cómo se define si una persona tiene el nivel de proporcionalidad, de razonabilidad para responder de una manera justificada ante una agresión o ante una amenaza?“, cuestionó.
Para la senadora, el uso legítimo de las armas debe permanecer bajo control estatal, con requisitos rigurosos. “La seguridad se construye fortaleciendo al Estado y protegiendo la vida, no armando a la ciudadanía”, concluyó.
