El Ministerio de Salud y Protección Social respondió a las declaraciones de Ana María Vesga, presidenta de ACEMI, y rechazó las afirmaciones sobre una presunta desfinanciación del sistema de salud en Colombia.
En un comunicado oficial, la cartera aseguró que el debate sobre la crisis del sistema no puede limitarse a señalar que la Unidad de Pago por Capitación (UPC) resulta insuficiente, mientras persisten investigaciones y hallazgos sobre irregularidades en el manejo de recursos públicos por parte de algunas EPS.
El Ministerio sostuvo que ACEMI y varias EPS afiliadas enfrentaron sanciones de la Superintendencia de Industria y Comercio por conductas relacionadas con acuerdos anticompetitivos y presuntas alteraciones en la información entregada a organismos de control.
La entidad también recordó que la Fiscalía General de la Nación adelanta investigaciones por presunto fraude financiero contra exdirectivos de una de las EPS más grandes del país.
Según el documento, la Fiscalía expuso ante la Corte Constitucional posibles prácticas irregulares dentro del sistema, entre ellas cobros indebidos, alteración de registros y pagos relacionados con usuarios fallecidos.
El Ministerio de Salud citó además informes de la Contraloría General de la República sobre inconsistencias financieras, ocultamiento de deudas y posible uso inadecuado de recursos destinados a la atención médica.
Frente a las críticas sobre financiación, la cartera afirmó que entre 2022 y 2026 el presupuesto del sector salud aumentó 51,4%, con más de 25 billones de pesos adicionales a precios constantes de 2025.
El documento agrega que la UPC creció 28% en términos reales durante el mismo periodo, equivalente a 21 billones de pesos adicionales para financiar el aseguramiento en salud.
El Ministerio aseguró que sus estudios técnicos no evidencian una insuficiencia estructural de la UPC y señaló que varios problemas obedecen a fallas en la gestión de algunas EPS.
Finalmente, la cartera cuestionó las propuestas de ACEMI para reformar el sistema y advirtió que medidas como aumentar copagos o reducir beneficios afectarían el derecho a la salud de los ciudadanos.
