El ministro del Interior, Alejandro Ordóñez, aseguró que el Gobierno nacional cumple con las obligaciones de protección de las personas que comparecen ante la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) y afirmó que la verificación de las medidas ordenadas por los jueces forma parte de las responsabilidades del Estado. El pronunciamiento lo hizo en el marco de la audiencia nacional de seguimiento a las medidas cautelares de protección para los comparecientes ante esa jurisdicción.
Ordóñez señaló que garantizar la seguridad de estas personas responde a obligaciones constitucionales y compromisos internacionales en materia de derechos humanos. “La seguridad y protección de los comparecientes ante la JEP es una prioridad del Gobierno, del presidente De la Espriella y del Ministerio del Interior, así como el cumplimiento y la observancia de las órdenes judiciales, porque se trata de cumplir la obligación de garantía de los derechos humanos“, dijo.
“Es un imperativo ético, una obligación moral”, añadió.
Al referirse a las acciones del Gobierno, el ministro indicó que la Unidad Nacional de Protección (UNP), entidad adscrita al Ministerio del Interior, tiene las competencias para atender estos requerimientos y que, según el informe presentado ante la JEP, está cumpliendo sus funciones.
“Simplemente hay un marco legal que garantiza la protección de todos los ciudadanos, incluidos los desmovilizados, y la UNP, que es el órgano dependiente del Ministerio del Interior, en el ordenamiento gubernamental se le han otorgado esas competencias, lo está cumpliendo a cabalidad”, afirmó.
El funcionario agregó que el Gobierno no cuestiona la institucionalidad encargada de estas medidas y que sus actuaciones se desarrollan dentro de los límites legales y constitucionales.
También indicó que la información sobre el cumplimiento de esas responsabilidades quedó consignada en el reporte entregado a la Secretaría de la JEP.
