Este jueves 19 de marzo, la OEA se manifestó ante el comunicado que pretende limitar el acompañamiento que ella, la Defensoría del Pueblo y la ONU ofrecen en distintas zonas del país.
La organización también desmintió las acusaciones de parcialidad y los señalamientos que la vinculan con una supuesta entrega de información para favorecer operaciones militares. Para la MAPP/OEA, esas afirmaciones carecen de fundamento y contradicen su mandato institucional.
La misión lleva 22 años trabajando junto a comunidades, víctimas y población en situación de vulnerabilidad en las zonas más golpeadas por la violencia. Ese recorrido, sostiene, se ha construido sobre la confianza que los actores sociales han depositado en su función.
Desde la perspectiva de la organización, las restricciones que se pretenden imponer van en contra del Derecho Internacional Humanitario y afectan, sobre todo, a las poblaciones más alejadas de los centros urbanos, donde la presencia de organismos nacionales e internacionales resulta decisiva para garantizar la protección de los derechos fundamentales.
Frente a ese escenario, la MAPP/OEA mencionó que continuará operando en los territorios donde las comunidades requieran su presencia y seguirá apoyando los esfuerzos de construcción de paz en Colombia.
