La informalidad en el transporte público “tiene acabado” al sector formal en el departamento de Córdoba, según denunció Gabriel Jiménez, representante del gremio transportador, durante el debate realizado en la Asamblea Departamental sobre la creación de una sociedad de economía mixta vinculada a la Secretaría de Tránsito.
“El transporte en Córdoba, en este caso el transporte de personas de empresas que realizan el servicio por ciento de todo el municipio, tiene tres factores negativos: el primero es la informalidad, la informalidad nos tiene acabados y no nos deja tener una situación de crecimiento, de mantener en vida jurídica”, expresó Jiménez ante los diputados.
Los transportadores formales señalaron que en cada municipio del departamento operan decenas de vehículos particulares que prestan servicio sin autorización. “Si vamos a San Bernardo del Viento encontramos 70-80 carros particulares”, ejemplificó el vocero del gremio.
La situación se agrava por la falta de herramientas para el control efectivo. Según explicó Jiménez, cuando acuden a la Policía de Carreteras para denunciar vehículos informales, las autoridades se ven limitadas en su capacidad de acción: “No podemos inmovilizar porque no tenemos sitios donde inmovilizar los vehículos y recibirlos inmovilizados. Si la Policía de Carretera inmoviliza un vehículo y lo deja en cualquier parqueadero, tiene que responderle a la sociedad por ese vehículo”.
Los transportadores señalaron que la inexistencia de patios oficiales para vehículos inmovilizados y la ausencia de un cuerpo operativo en la Secretaría de Tránsito departamental impiden ejecutar controles efectivos en las vías intermunicipales, donde proliferan servicios no autorizados.
El problema afecta principalmente a las rutas entre municipios como Planeta Rica, Buenavista, Montelíbano y otros, donde empresas formales compiten en desventaja con vehículos particulares que no cumplen requisitos legales.
Los transportadores también solicitaron revisar la carga impositiva que enfrentan, especialmente por los nueve peajes ubicados en el departamento, que según el gremio, elevan considerablemente los costos operativos.
