Las interceptaciones que desataron la polémica política en Colombia no habrían sido ilegales, sino producto de una orden judicial, según afirmó este lunes Wilmar Mejía, exfuncionario de la Dirección Nacional de Inteligencia (DNI).
A través de su cuenta en X, Mejía sostuvo que un juez habría autorizado la interceptación de “unos abonados telefónicos”, lo que, según su versión, explicaría el origen de la información mencionada por el presidente Gustavo Petro en días recientes.
“El presidente, receptor de información de todo tipo y de distintas fuentes, se entera y la divulga con una ligera imprecisión: en vez de escribir ‘orden judicial’, escribió ‘información de inteligencia’”, afirmó Mejía.
La declaración introduce un giro en el debate público, que hasta ahora se había centrado en la posibilidad de interceptaciones ilegales contra el abogado y precandidato presidencial Abelardo de la Espriella.
Según Mejía, la controversia no radicaría en la legalidad de las interceptaciones, sino en el uso impreciso del término “inteligencia” por parte del jefe de Estado, lo que habría generado interpretaciones sobre un posible uso indebido de organismos de seguridad.
No obstante, hasta el momento no se ha hecho pública ninguna orden judicial que confirme la existencia de dichas interceptaciones, ni las autoridades han detallado el alcance o contenido de las mismas, pese a que en redes sociales ha circulado un documento que el mismo De La Espriella puso en duda su veracidad.
La versión también contrasta con las denuncias de la campaña de De la Espriella, que solicitó investigaciones ante la Fiscalía y otros organismos de control por posibles interceptaciones ilegales y uso indebido de información reservada.
En ese contexto, el caso sigue abierto y a la espera de claridad institucional sobre el origen de la información revelada y la legalidad de cualquier interceptación que haya podido realizarse.
Por ahora, la polémica se mueve entre versiones contrapuestas: una que apunta a un posible procedimiento judicial legítimo, y otra que advierte sobre un eventual uso indebido de herramientas de vigilancia en medio del clima electoral.
