La Defensoría del Pueblo se pronunció ante el asesinato del periodista Cristian Herrera, ocurrido este sábado 6 de junio en Cúcuta, exigiendo a la Fiscalía General de la Nación investigar el crimen con celeridad, identificar a los responsables, establecer los móviles y priorizar en su análisis los temas que cubría el comunicador, los riesgos que enfrentaba y el contexto de violencia en Norte de Santander y el Catatumbo.
El organismo reveló que Herrera contaba con medidas de protección activas otorgadas por la Unidad Nacional de Protección (UNP), que resultaron insuficientes para salvarle la vida. Era corresponsal en Norte de Santander de la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP), e integrante de su Junta Directiva, y dedicaba su labor periodística a cubrir impunidad, crimen organizado, corrupción y la situación humanitaria del Catatumbo, temas de alto riesgo en una región donde los grupos armados ilegales operan con violencia sistemática.
La Defensoría subrayó además que el asesinato de Herrera no es un hecho aislado. Se suma al del periodista Mateo Pérez Rueda, asesinado el mes pasado en Briceño, Antioquia, lo que significa que Colombia ha perdido dos voces del periodismo regional en menos de treinta días, ambas en territorios marcados por el conflicto armado y las economías ilícitas.
“Matar a un periodista es una de las formas más graves de censura, porque no solo silencia una voz sino que genera miedo colectivo, promueve la autocensura y priva a las comunidades de su derecho fundamental a estar informadas”, añadió.
Prosiguió: “El Estado tiene la obligación de garantizar que ninguna persona sea amenazada, agredida o asesinada por ejercer el periodismo”, concluyó la Defensoría.
