¿Qué pasaría si mañana una parte de nuestra industria se detuviera, no por falta de talento ni por ausencia de mercado, sino por falta de energía suficiente o por un salto inesperado en los costos? Suena extremo, pero es una pregunta práctica, no retórica. La energía, vista desde la productividad, no es un tema accesorio ni un debate de tarifas, es una condición estructural de competitividad. Cuando la energía es inestable o impredecible, las empresas no solo pagan más, también invierten menos, producen con mayor riesgo y terminan compitiendo en desventaja.
La evidencia internacional es consistente, en cuanto a que choques de suministro y volatilidad de precios pueden restar entre 0,5 y 1 punto porcentual al crecimiento económico en países con matrices poco diversificadas o dependientes de importaciones energéticas. La crisis global de 2022 lo demostró en tiempo real. Los países con sistemas diversificados, confiables y con capacidad de respuesta amortiguaron mejor el impacto, mientras otros enfrentaron inflación, pérdida de competitividad industrial y deterioro del costo de vida.
En el sector privado, el vínculo es aún más directo. Interrupciones frecuentes en el suministro eléctrico pueden recortar ventas entre 5 % y 10 %, afectando especialmente industria, comercio y servicios intensivos en tecnología. Eso es productividad perdida en horas improductivas, maquinaria parada, incumplimientos logísticos, mayor merma y costos adicionales que rara vez aparecen en el discurso público, pero sí en los estados financieros.
En Colombia hay un dato que no admite complacencia, y es que la economía necesita cada vez más energía para sostener su actividad. Incluso con crecimientos moderados del PIB, la presión sobre el sistema eléctrico continúa. La UPME proyecta que la demanda eléctrica podría crecer entre 1,16 % y 4,79 % anual entre 2023 y 2037, empujada por la electrificación del transporte, el auge de la digitalización y la expansión industrial. Ya en 2024, la demanda nacional rondó los 82 TWh, con un crecimiento de 2,3 % frente a 2023.
Colombia parte de una ventaja comparativa, pues ostenta una matriz eléctrica histórica y mayoritariamente renovable por su fuerte componente hídrico. Pero esa misma fortaleza trae una vulnerabilidad estructural con las sequías severas, más aún en los escenarios actuales de choque climático, y así la energía deja de ser una ventaja y pasa a convertirse en un riesgo. Y la memoria reciente del país confirma que no hace falta una crisis perfecta, para sentir el impacto de la incertidumbre energética.
Aquí es donde conviene poner el debate en su lugar correcto. La seguridad energética no es “tener luz hoy”; es poder garantizar energía mañana, a un precio estable, con mínimos sobresaltos y sin sacrificar la capacidad de crecimiento. Por eso, cuando un país posterga la diversificación, las empresas sienten incertidumbre, y la incertidumbre en economía real, siempre se cobra con menor productividad.
La diversificación, sin embargo, no puede reducirse a una consigna (por ejemplo, “más solar”, como se repite con facilidad) sin discutir el atributo que más importa para competitividad, que sea energía firme y gestionable.
La solar y la eólica son fundamentales para una transición moderna, pero su variabilidad exige complementariedad, con redes robustas, almacenamiento, flexibilidad operativa, respaldo confiable y gestión de demanda. La pregunta estratégica no es si debemos incorporar renovables (eso ya está decidido por la realidad tecnológica y global), sino cómo construimos un sistema donde una mayor participación de renovables no aumente el riesgo, sino que lo reduzca.
En ese punto, Colombia tiene una oportunidad subestimada en la biomasa y el aprovechamiento energético de residuos. Solo en residuos agrícolas (por ejemplo, caña de azúcar y plátano) se estiman alrededor de 35 millones de toneladas al año. En términos técnicos, ese volumen equivale a un potencial eléctrico estimado entre 34 y 61 TWh/año, es decir, entre 40 % y 75 % de la demanda eléctrica anual actual, en un escenario teórico de alto aprovechamiento.
No se trata de vender una ilusión de sustitución total (como si la transición energética fuera simplemente pasar la página del capítulo fósil al renovable) porque la realidad exige complementariedad, además de restricciones logísticas, de disponibilidad real y de costos. Se trata si, de reconocer en la biomasa su valor estratégico, pues bien desarrollada, puede aportar energía firme, local, gestionable y territorialmente distribuida, justo lo que se necesita cuando el sistema depende demasiado del régimen hídrico.
La discusión, entonces, deja de ser “ambientalista versus productivista”. Es competitividad pura. Invertir en energía resiliente (incluso desde un enfoque estrictamente económico), puede generar retornos múltiples en crecimiento, empleo y reducción de riesgos.
Ahora bien, la expansión renovable debe venir acompañada de fuentes y mecanismos que aporten confiabilidad, como biomasa moderna (es decir, con tecnología, control ambiental y operación medible), cogeneración eficiente, almacenamiento, respaldo flexible y gestión de demanda. En lenguaje de competitividad, es lo mismo que decir: menos vulnerabilidad climática, menor volatilidad y mayor previsibilidad para invertir.
Pero nada de esto funciona si la energía no llega donde y cuando se necesita. Modernizar redes y acelerar la transmisión es parte central de la seguridad energética. Sin redes, la energía “existe”, pero no es utilizable para productividad.
Un segundo frente es construir cadenas de valor territoriales en bioenergía. Si hay residuos agrícolas y forestales, el reto es convertirlos en industria a través de operaciones y procesos como la recolección, logística, tecnología, estandarización, financiamiento y comercialización. Con eso, el impacto va más allá de generar energía, para crear empleo local, sofisticación productiva y capacidades empresariales.
Visto esto, queda claro que la seguridad energética debe asumirse como política de desarrollo, no como un asunto meramente técnico. La energía tiene que sentarse en la misma mesa donde se definen productividad, inversión, competitividad nacional y regional, empleo e innovación. Mientras se trate como un tema aislado, el país reaccionará tarde; y reaccionar tarde en energía (y en competitividad) siempre sale caro.
Boris F. Zapata Romero
Consultor en Competitividad, Innovación y Desarrollo Económico
