Lo dijo el ex ministro de Ambiente y desarrollo sostenible (MADS) de Colombia Manuel Rodríguez en 2021, hace 5 años: “Colombia es uno de los 11 países más vulnerables al Cambio climático del mundo, según el Consejo de inteligencia de EE.UU. Colombia es la 7ª economía del mundo con más altos riesgos producto del Cambio climático, según el Swiss Re Institute”. Y lo más grave es que el Cambio climático llegó para quedarse, tanto más en cuanto que el Acuerdo de París, firmado en 2015, Unión Europea debido al incumplimiento por parte de los de las obligaciones contraídas para reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), responsables del Cambio climático.
Ahora bien, cuando se habla de Cambio climático se refiere a la tendencia, que no se ha podido frenar, del aumento de la temperatura global debido a la concentración de GEI en la atmósfera. Tomando como referencia la temperatura de la era pre-industrial, la que antecedió a la primera revolución industrial, que fue su detonante, se acordó por parte de la Conferencia de las partes de la Convención de las Naciones Unidas (CMNUCC) impedir que se supere el 1.5º centígrados con respecto a la misma.
El Cambio climático da lugar a dos fenómenos extremos, cíclicos, que se alternan en el espacio y en el tiempo de manera irregular, el Niño, que se asocia con la sequía severa y la Niña con las lluvias torrenciales, los cuales revisten tres características que las distingue: la primera de ellas es que no son estacionales ni periódicos, son recurrentes e impredecibles, por ello lo debemos llamar más bien variabilidad climática. La segunda propiedad es que cada vez son más frecuentes y por último son cada vez más fuertes y duraderos y por lo tanto causan mayores estragos.
Claro está que no faltan los escépticos, aquellos que no creen en la existencia del Cambio climático. Los negacionistas del Cambio climático tienen en el Presidente Trump su máxima expresión. Dejó atónitos, perplejos a los delegados a la sesión reciente de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) cuando en su discurso espetó: “este Cambio climático es, en mi opinión, la mayor estafa jamás perpetrada contra el mundo. Todas estas predicciones hechas por las Naciones Unidas y muchos otros, a menudo por razones erróneas, estaban equivocadas. Fueron hechas por personas estúpidas que han costado fortunas a sus países y no han dado a esos mismos países ninguna posibilidad de éxito. Si no se alejan de esta estafa verde, sus países van a fracasar”.
En conclusión, la vulnerabilidad de Colombia frente al Cambio climático es un desafío complejo que requiere acciones urgentes de mitigación y adaptación. Fortalecer la protección de los ecosistemas, mejorar la planificación territorial y reducir las desigualdades sociales son pasos fundamentales para enfrentar los efectos del cambio climático y garantizar un desarrollo sostenible para las futuras generaciones. De hecho Colombia ha sufrido los devastadores efectos de dos eventos extremos y opuestos: el Niño de 1992 – 1993, el cual provocó el peor racionamiento eléctrico que haya padecido Colombia en toda su historia moderna y la Niña de 2010 – 2011 que causó enormes estragos.
A raíz de esta última tragedia se creó la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD), mediante el Decreto 4147 de 2011, dependencia ésta adscrita a la Presidencia de la República. Se le encomendó a la UNGRD la misión de coordinar el Sistema Nacional para la Prevención y Atención de Desastres (SNPAD) y fortalecer las capacidades nacionales. Posteriormente, la Ley 1523 del 24 de abril de 2012 “adopta la política nacional de gestión del riesgo de desastres y se establece el Sistema Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres”.
Ahora el país, especialmente la región Caribe, con epicentro en el Departamento de Córdoba, se ha visto asolado por la inclemencia de un tiempo lluvioso atípico en una temporada que se esperaba seca, a causa de uno de esos fenómenos extremos inherentes al Cambio climático, esta vez un “frente frío” proveniente del hemisferio norte. La creciente del río Sinú, San Jorge y el Cauca han desbordado, anegando amplias zonas pobladas y agrícolas, arrasando con todo a su paso, asestándole un duro golpe a las poblaciones asentadas en su área de influencia, causando una verdadera calamidad, la cual ha obligado al Gobierno Nacional a decretar la Emergencia económica, social y ambiental para enfrentarla con medidas excepcionales de mitigación y reparación.
Lastimosamente esta catástrofe ha desbordado las capacidades institucionales, las cuales se han visto diezmadas por la corrupción que tomó por asalto a la UNGRD, saqueándola y desprestigiándola, hasta desconfiar de su eficacia y transparencia para atenderla. Y de contera, los recursos apropiados para la prevención frente a eventos como el que en este momento nos conturba han venido decayendo, al punto que de los $54.000 millones que se aforaron en el Presupuesto General de la Nación en 2023 para esta vigencia del 2026 sólo se le asignaron $10.000 millones. El reto, entonces, no es menor.
Bogotá, febrero 13 de 2026
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