Un tribunal de familia en Cartagena bloqueó temporalmente las acciones de cobro que la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales pretendía ejecutar contra la Refinería de Cartagena por un monto superior a $1,3 billones.
El Juzgado Segundo de Familia determinó que la entidad tributaria debe detener cualquier procedimiento ejecutivo relacionado con las liquidaciones confirmadas el pasado 30 de octubre, mientras la jurisdicción contencioso-administrativa resuelve definitivamente la legalidad de estas actuaciones.
La controversia surgió cuando la DIAN estableció que la refinería, perteneciente al grupo Ecopetrol, adeudaba el impuesto al valor agregado del 19% sobre importaciones de diésel y gasolina realizadas entre 2022 y 2024. Los productos procesados dentro de la planta también quedaron incluidos en esta determinación.
La compañía argumenta que dicho gravamen carece de sustento legal, ya que el Ministerio de Minas y Energía nunca estableció una base gravable previa, requisito obligatorio según el Estatuto Tributario. Adicionalmente, la refinería funciona bajo régimen especial de zona franca, donde no aplican derechos arancelarios convencionales.
A pesar de que Reficar apeló inicialmente la decisión tributaria sin obtener resultados favorables, el fallo judicial ahora impide que la DIAN congele cuentas, ejecute embargos o realice retenciones hasta nueva orden. Si la autoridad fiscal ya implementó alguna medida coactiva, dispone de 24 horas para informarlo al juzgado con documentación completa.
La acción de tutela presentada por la refinería destacó tres aspectos fundamentales. Principalmente, advirtió sobre el riesgo de desabastecimiento energético nacional, considerando que Reficar suministra totalmente el combustible en la región Caribe y produce más de la mitad del diésel y combustible para aviación del país.
La empresa solicitó protección transitoria de sus garantías constitucionales al debido proceso, igualdad y trabajo mientras avanzan las demandas contenciosas.
