Una acción popular logró frenar temporalmente el Decreto 182 del Ministerio de Salud, que buscaba reubicar cerca de 6 millones de colombianos entre distintas aseguradoras del sistema de salud.
El Tribunal Administrativo de Antioquia acogió la solicitud del ciudadano Víctor Raúl Palacio Bohórquez y suspendió la aplicación de la norma emitida el 25 de febrero.
La Sala Tercera del tribunal, bajo ponencia del magistrado Daniel Montero Betancur, tomó la decisión el 10 de marzo tras analizar los argumentos presentados por Palacio Bohórquez sobre posibles vulneraciones a derechos colectivos.
El centro de la controversia es el destino de 2,6 millones de personas que pasarían a Nueva EPS, una aseguradora intervenida por el Estado desde abril de 2024. La demanda sostiene que esta entidad “no cumple las exigencias de capital mínimo ni patrimonio adecuado para operar como EPS, no reporta estados financieros completos y presenta barreras de acceso”, sumado al aumento de reclamaciones y acciones de tutela por fallas en la atención.
El decreto del Ministerio de Salud retiraba permisos de operación a algunas EPS en ciertos municipios, argumentando falta de capacidad. Como resultado, Nueva EPS quedaría como la única opción en 504 municipios colombianos, recibiendo aproximadamente 2,4 millones de nuevos afiliados.
Agremiaciones médicas de cuatro departamentos alertaron que Nueva EPS “viene en un proceso de deterioro dramático en sus indicadores de calidad y financieros”, lo que impide cumplir con la atención de sus actuales usuarios. Entregar más población a esta aseguradora, señalaron, “pone en riesgo la salud y la vida de miles de pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas, cáncer y de alto costo”.
La Asociación Colombiana de Hospitales y Clínicas también manifestó preocupación, advirtiendo que las reasignaciones “podría empeorar las condiciones de salud de algunos grupos poblacionales”.
