La jueza Claudia Marcela Castro compulsó copias a la Fiscalía General de la Nación para investigar al expresidente Álvaro Uribe Vélez, su hermano Santiago Uribe Vélez y un general como presuntos determinadores de los homicidios de Jorge Eduardo Umaña Mendoza y Jesús María Valle Jaramillo, defensores de derechos humanos asesinados en Antioquia en los años noventa, cuando Uribe ejercía como gobernador del departamento.
La decisión judicial se dio en el mismo fallo que condenó a 28 años de prisión a José Miguel Narváez, exsubdirector del antiguo DAS, por el secuestro de la senadora Piedad Córdoba en mayo de 1999.
La investigación concluyó que Narváez entregó información sensible al Bloque Central Bolívar de las AUC, liderado por Carlos Castaño, facilitando el plagio.
El expresidente respondió a través de su cuenta en X, calificando la compulsa como “miserable” y basada en “una declaración fantasiosa, investigada hace años, sobre una reunión inexistente”.
Uribe citó apartes del interrogatorio que motivó la decisión judicial, donde se afirma: “porque ellos estaban molestando sobre las violaciones de derechos humanos que se estaban llevando entre paramilitares y militares como la Cuarta Brigada la orden que dieron fue que esas personas tocaba callarlos para que no molestaran más”.
En su defensa, el exmandatario hizo referencia a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, que determinó la responsabilidad del Estado colombiano por graves violaciones durante ese periodo, pero sin señalar autoridades específicas ni responsabilizarlo directamente por su gestión como gobernador.
La compulsa ordena a la Fiscalía adelantar las diligencias necesarias para establecer la participación de los hermanos Uribe en los asesinatos de los dos activistas, cuyos casos permanecen en el debate público sobre el conflicto armado y las violaciones a los derechos humanos en Colombia.
