El Juzgado Sesenta y Cuatro Penal del Circuito con Función de Conocimiento de Bogotá negó, en primera instancia, la acción de tutela presentada por dos ciudadanos contra el senador Iván Cepeda Castro, quienes pretendían que el congresista se retractara de sus declaraciones sobre la desobediencia civil y se abstuviera de realizar nuevos pronunciamientos sobre ese tema.
De acuerdo con el comunicado divulgado por el senador, la decisión judicial fue notificada este viernes y rechazó las pretensiones de los accionantes, quienes argumentaban que las manifestaciones del congresista podían afectar el orden público.
En el fallo, el juez concluyó que el mensaje divulgado por Cepeda “constituye una manifestación pública de contenido político”. Además, indicó que la hipótesis según la cual esas declaraciones podrían “generar escenarios de alteración del orden público (…) no se encuentra respaldado por elementos objetivos que permitan establecer la existencia de una amenaza cierta, real o actual sobre el derecho invocado”.
La providencia también descartó ordenar la retractación del senador o prohibirle emitir futuras declaraciones sobre la desobediencia civil. Según el despacho judicial, una medida de ese alcance implicaría una restricción desproporcionada al derecho fundamental de libertad de expresión, particularmente cuando se trata de discursos relacionados con asuntos de interés público y de contenido político.
El comunicado señala que el juez consideró que impedir nuevos pronunciamientos constituiría una forma de censura expresamente prohibida por la Constitución Política, al limitar la difusión de opiniones sin que existiera una justificación suficiente para adoptar esa restricción.
Tras conocer la decisión, Iván Cepeda afirmó que el fallo tiene especial relevancia porque, a su juicio, la tutela buscaba trasladar la confrontación política al escenario de la censura judicial.
El congresista reiteró además su posición sobre el tema y sostuvo: “La desobediencia civil constituye un derecho y un componente estructural del estado constitucional, que parte de su reconocimiento, y se ejerce desde él y en su defensa. Por eso, la Corte Constitucional ha reconocido la garantía a la resistencia cuando, como en este caso, se cuestionan actuaciones concretas, y se ejerce de manera pacífica y pública, en defensa del orden jurídico”.
