Córdoba. Hace dos años, un 18 de junio, el accionar de un arma de fuego derivó en apagar la vida de dos jóvenes: Harold Suárez Rivas, de 21 años, y Camilo Andrés Rodríguez, de 33.
La mano que, presuntamente, activó la pólvora fue la del fiscal antibacrim, Mario Alfonso Lora Correa, un sábado por la noche en un sitio nocturno ubicado en la calle 41 de Montería.
Hoy, dos años después, el caso sigue sin resolverse y los familiares de los jóvenes asesinados continúan denunciando dilación en el proceso.
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El fiscal fue trasladado a Barranquilla en noviembre de 2017, luego retornó a Montería como delegado ante el Gaula y posteriormente fue removido al Chocó.
En abril del presente año se volvió a aplazar la audiencia preparatoria de juicio debido a que el abogado de Lora, Guillermo Álvarez Machacón, se excusó por segunda vez por un procedimiento de salud que se realizó en Barranquilla.
Según la reconstrucción de los hechos, Lora Correa disparó por la espalda a Harold Suárez e hirió en un hombro y una pierna a Camilo Andrés luego de que ambos, presuntamente sostuvieran una discusión con el hijo menor del fiscal, en ese entonces menor de edad.
“Mi hijo era un muchacho inquieto, inteligente, amigo del barrio, técnico en refrigeración del Sena, mecánico de motos, era apasionado a la vida. Él era un niño grande, de 1.80 metros de estatura, responsable, prefería los dibujos animados, el Chavo del Ocho, jugaba fútbol y levantaba pesas, esa noche le dieron por la espalda”, contó a El Heraldo, Ermes Suárez, el padre de Harold.
Harold residía en el barrio Sucre de la capital cordobesa, y murió el 26 de agosto, mientras que Camilo era nativo de Fredonia, Antioquia pero había llegado a Montería en 2006 y falleció el 3 de julio durante una intervención quirúrgica.
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