En una acción conjunta sin precedentes, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la Unidad de Búsqueda de Personas Dadas por Desaparecidas (UBPD) y el Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses exhumaron 16 cuerpos en el Cementerio Religioso Municipal de Apartadó, Antioquia.
Estos restos podrían pertenecer a habitantes de Córdoba, Chocó y Antioquia reportados como desaparecidos entre 2007 y 2016 en el contexto del conflicto armado.
La intervención forense, que se llevó a cabo del 10 al 14 de junio de 2024, fue ordenada por la magistrada Nadiezhda Henríquez de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, tras contrastar información de comparecientes, piezas procesales y documentación médico-forense recopilada en la investigación del Caso 04, centrado en la situación territorial de Urabá.
Previo al operativo, las tres instituciones contrastaron sus hallazgos investigativos para definir el alcance del procedimiento y ajustar metodologías. Determinaron intervenir las bóvedas del pabellón Ángel de Mi Guarda 1 y concluyeron que algunos cuerpos ya estaban identificados, pero nunca fueron reclamados por temor de las familias en medio del conflicto. También establecieron hipótesis sobre la identidad de otros cuerpos.
Durante la diligencia, los forenses aplicaron por primera vez de manera conjunta la metodología de Verificación de correspondencia de información post mortem in situ, que contrasta los cuerpos y hallazgos con necropsias practicadas al momento del deceso. Así lograron orientar la identidad de 9 personas, agilizando la identificación y posterior entrega digna a sus familiares.
Paralelamente, cerca de 100 personas de Chocó, Córdoba y Antioquia acudieron al cementerio para reportar a sus seres queridos desaparecidos. Funcionarios de las tres entidades recibieron sus testimonios y tomaron 15 muestras de sangre para pruebas genéticas de identificación.
El operativo contó con el apoyo de autoridades locales, organizaciones internacionales y la iglesia católica. Fue acompañado por colectivos de víctimas de Urabá, la Procuraduría, la Unidad de Víctimas y la Misión de Verificación de la ONU en Colombia.
