La Procuraduría General de la Nación ha iniciado una investigación preliminar en relación con presuntas irregularidades en la suscripción de dos convenios entre el Gobierno colombiano y organizaciones indígenas.
Funcionarios de los Ministerios del Interior y del Ambiente, así como de la Corporación Autónoma Regional del Cauca (CRC), se encuentran bajo escrutinio en esta indagación.
Según informes, estos convenios, que supuestamente involucraban un presupuesto de más de 30.000 millones de pesos, estaban destinados a proyectos con comunidades indígenas agremiadas en organizaciones.
El Ministerio de Ambiente y la CRC están siendo investigados en relación con un acuerdo por poco más de 4.900 millones de pesos, cuyo propósito era llevar a cabo actividades de manejo de condiciones ambientales en territorios indígenas relacionados con el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC).
Por otro lado, los funcionarios del Ministerio del Interior están siendo indagados debido a supuestas irregularidades en la firma de un contrato por 25.000 millones de pesos con la Organización Nacional Indígena de Colombia (Onic). Este convenio tenía como objetivo fortalecer los saberes políticos, culturales y espirituales de los pueblos y organizaciones indígenas pertenecientes a la Mesa Permanente de Concertación (MPC).
Se alega que hubo irregularidades en la selección del personal encargado de ejecutar las actividades, ya que los requisitos para los perfiles supuestamente tenían costos desproporcionados. Además, se ha identificado que algunas actividades específicas habrían recibido un presupuesto elevado en comparación con lo que se tenía previsto desarrollar.
En el proceso de indagación, la Procuraduría ha solicitado copias de los convenios suscritos y la información relacionada con los funcionarios de las entidades involucradas que participaron en la elaboración de los documentos.