La Fiscalía General de la Nación acusó a Juan José Laverde, Tomás José Lascarro Torres y Juan Carlos Cáceres Bayona porque habrían participado del entramado de corrupción de Centros Poblados y Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones.
Los tres empresarios son señalados de varias conductas delictivas para lograr el desembolso de los 70.000 millones de pesos que se les adelantó y que le costó el puesto a la exministra Karen Abudinen.
Con dicho contrato el Gobierno Nacional llevaría internet a las zonas más apartadas del país, sin embargo, no fue posible y ahora los procesados deberán responder por falsedad en documento privado, fraude procesal y enriquecimiento ilícito de particulares.
Finalmente, la Fiscalía indicó que Emilio José Tapia Aldana, fue el ‘cerebro’ de este nuevo entramado al estar detrás de la conformación de la Unión Temporal Centros Poblados Colombia 2020.
