Fiscalía acusa a 14 empresarios bananeros por financiar a grupo paramilitar

Los hechos ocurrieron entre los años 1996 y 2004 a través de la denominada 'Convivir Papagayo'.
7 meses atrás

En un golpe contra los vínculos entre el paramilitarismo y el sector empresarial, la Fiscalía General de la Nación profirió resolución de acusación en contra de 14 productores y representantes de exportadoras de banano por, -presuntamente- haber financiado al frente Arlex Hurtado de las extintas Autodefensas Unidas de Colombia (AUC) en la región del Urabá antioqueño.

De acuerdo con la investigación adelantada por el Grupo de Compulsa de la Dirección de Justicia Transicional, estos empresarios habrían pagado a la estructura paramilitar tres centavos de dólar por cada caja de banano que salía del país hacia los mercados internacionales, a cambio de que los cabecillas ilegales les brindaran seguridad y permitieran la continuidad de sus operaciones comerciales.

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Los elementos de prueba recopilados por el ente acusador señalan que estos aportes ilícitos, que superaron los 33.292 millones de pesos, se habrían realizado entre 1996 y 2004 a través de la denominada ‘Convivir Papagayo’, gestionada por Alberto Osorio Mejía y Arnulfo Peñuela Marín, condenados previamente por sus nexos con el frente paramilitar.

Ante esta evidencia, la Fiscalía acusó a los 14 empresarios por el delito de concierto para delinquir agravado en la modalidad de promoción y financiación de grupos armados organizados al margen de la ley, conducta declarada de lesa humanidad, según los parámetros de la Ley 600 de 2000.

Entre los acusados se encuentran reconocidos nombres del sector bananero como Óscar Enrique Penagos Garcés, Carlos Sergio Nicolás Echavarría Mesa, Santiago Antonio Uribe López, José Gentil Silva Holguín, Rosalba Zapata Cardona, Iván Darío Mejía Restrepo, Fabio León Restrepo Villegas y Javier Francisco Restrepo Girona, entre otros.

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Esta acusación representa un avance significativo en los esfuerzos de la Fiscalía por esclarecer los vínculos entre grupos económicos y organizaciones armadas ilegales, un paso fundamental en la búsqueda de verdad, justicia y reparación para las víctimas del conflicto armado en Colombia.