Montería. Luego de aceptar los cargos que la Fiscalía les endilgó por los delitos de concierto para delinquir en concurso con hurto calificado y agravado, siete integrantes de una organización criminal, entre ellos miembros de la Policía Nacional, dedicada al hurto de residencias, establecimientos de comercio, bancos y estaciones de servicio, fueron sentenciados por el Juzgado Segundo Penal del Circuito de Montería (Córdoba), con funciones de conocimiento.
Mediante diferentes actividades investigativas como interceptación de comunicaciones, búsqueda selectiva en bases de datos, seguimiento de personas, agentes encubiertos e inspecciones judiciales, la Fiscalía estableció el rol que desempeñaban todos los miembros de la banda delictiva.
Se trata de Ronald David Ortega, alias Ñaña, hombre de confianza del líder de la organización y quien se encargaba de ubicar los sitios que serían hurtados en ciudades diferentes a Montería, como Barranquilla (Atlántico), Valledupar (Cesar) y Medellín (Antioquia). Igualmente era el que tenía entre sus funciones seleccionar y marcar a las personas que hacían retiros de altas sumas de dinero en los bancos, para que otros miembros de la banda realizaran los hurtos.
A alias Ñaña, condenado a 12 años de prisión domiciliaria, se le atribuyen entre otros, el hurto a una compraventa el 4 de octubre de 2013, por 37 millones de pesos; un fleteo perpetrado en el municipio de Cereté (Córdoba) el 28 de noviembre del mismo año por 8 millones de pesos, y otro fleteo en Caucasia (Antioquia), al día siguiente, por 44 millones de pesos.
Por otra parte, fueron sentenciados a 8 años de cárcel Sisi Portillo Herrera, su padre Jairo Antonio Portillo Díaz, alias el Viejo y Martín Vega Rivera, alias Superman; quienes de acuerdo con lo establecido, delinquían articuladamente. La primera se encargaba de reclutar empleadas del servicio doméstico y trabajadoras de las empresas víctimas para que suministraran información, también de recibir a miembros de la estructura criminal que iban de otras ciudades para cometer los hurtos, y luego le entregaba la información a su padre para coordinar la logística de los mismos. Mientras tanto, alias Superman, ubicaba las viviendas donde guardaban grandes cantidades de dinero, conseguía personas de otras poblaciones para desarrollar la actividad ilícita y prestaba seguridad en la parte externa de los lugares objeto de los hurtos.
Los hechos
Estos tres procesados participaron en el hurto cometido en una cacharrería en Montería el 15 de octubre de 2013, por valor de 130 millones de pesos, y otro hurto a una vivienda del barrio Cantaclaro el 26 de noviembre de 2013, por 10 millones de pesos.
También la decisión afecta a Carlos Amaury Martínez Caballero, alias Martín Elías, quien deberá pagar una pena de 120 meses (10 años) de prisión domiciliaria por los mismos delitos, tras aceptar su responsabilidad en los hechos anteriores donde participaron los otros tres condenados. El hombre aprovechaba su condición de policía para transportar las armas de fuego que utilizaba la organización y conseguir uniformes de la institución policial para entregarlos a los delincuentes.
Finalmente, los otros dos condenados a 120 y 96 meses de prisión, respectivamente, son Henry David Calderon Contreras, alias el Tío, pensionado de la Policía Nacional y líder de la organización, y Juan Mario Baquero López, alias el Mono.
Alias el Tío como cabecilla era quien evaluaba los lugares y decidía si se cometían los hurtos, además manejaba toda la logística del grupo, como prestamos de las armas requeridas, vehículos y otras herramientas. Entre tranto, alias el Mono era el encargado de cortar las alarmas y líneas telefónicas de los lugares que iban hurtar, conseguía los sitios para que otros integrantes de la organización se ocultaran después de cometer los ilícitos y prestaba los vehículos con placas falsas para que estos se transportaran. A los dos se les atribuyó su participación en tres hurtos por casi 200 millones de pesos, a una compraventa, una vivienda y a una entidad bancaria.
Otros seis integrantes de esta red delictiva que aceptaron cargos se encuentran con medida de aseguramiento pendientes de la lectura de sentencia, y 19 más serán llevados a juicio por un fiscal de la Dirección Nacional contra el Crimen Organizado, luego de haberlos acusado el 28 de agosto último.
