A extinción de dominio, millonarios bienes de red dedicada al “gota a gota”

Los procesados son señalados de amenazar y desplazar a familias de sus hogares para asegurar el pago de las deudas.


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En las últimas horas, la Fiscalía General de la Nación comunicó la captura de 10 integrantes de una red delictiva judicializada por prestar dinero en la modalidad ‘gota – gota’, señalados de amenazar y desplazar a familias de sus hogares para asegurar el pago de las deudas y los exagerados intereses que imponían.

La investigación realizada indicó que con estos dineros habrían adquirido camionetas de gama alta, cada una avaluada en más de 300’000.000 de pesos; así como casas en sectores exclusivos de distintas ciudades del país y otros bienes.

Durante el procedimiento de la captura, se encontraron 500 gramos de oro, 35’000.000 de pesos y 410 dólares en efectivo, motivo por el que la Fiscalía les imputó los delitos de lavado activos, enriquecimiento ilícito de particulares, financiación a grupos delincuenciales, constreñimiento ilegal y concierto para delinquir. Los cargos no fueron aceptados.

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El máximo cabecilla de la organización fue identificado como Rusbel  Alexander Castro Calambas, alias Chorro de quien se pudo comprobar que de la mano con su organización aportaban recursos a la estructura delictiva ‘Cordillera’, que tiene injerencia en el Eje Cafetero.

En otra parte del proceso, la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas de suspensión del poder dispositivo, embargo, secuestro y toma de posesión sobre 39 inmuebles, muebles, sociedades, establecimientos de comercio y acciones que pertenecerían a las personas que estarían involucradas en los prestamos ilícitos.

Los bienes, cuyo valor comercial asciende a 7.700 millones de pesos, fueron ocupados en diligencias realizadas con apoyo de la Policía Nacional en Medellín, Santa Fe de Antioquia y Copacabana (Antioquia); Manizales y Aránzazu (Caldas); Pitalito (Huila), Ipiales (Nariño) y Cajibío (Cauca), sin embargo los procesados coordinaban la actividad ilegal en Risaralda y en poblaciones de Ecuador.

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Las propiedades afectadas con fines de extinción de dominio quedaron a disposición de la Sociedad de Activos Especiales (SAE).



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