La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) imputó crímenes de guerra y de lesa humanidad a cuatro generales retirados, 35 oficiales y suboficiales del Ejército Nacional por su presunta responsabilidad en 442 ejecuciones extrajudiciales ocurridas entre 2004 y 2007 en Antioquia.
Los generales (r) Óscar Enrique González Peña, Luis Roberto Pico Hernández, Jorge Ernesto Rodríguez Clavijo y Juan Carlos Piza Gaviria fueron señalados como máximos responsables de la política de facto de “conteo de cuerpos” implementada en la Brigada IV.
Según la JEP, esta política promovía la presentación de civiles asesinados como bajas en combate.
Además de los altos mandos, fueron imputados 25 oficiales y 10 suboficiales de seis batallones adscritos a la Brigada IV, así como dos civiles señalados de reclutar víctimas a cambio de dinero.
Por primera vez en un proceso sobre ‘falsos positivos’, la JEP documentó actos de tortura en 22 casos que dejaron 41 víctimas. Según la investigación, campesinos fueron señalados arbitrariamente de ser guerrilleros o colaboradores y sometidos a torturas para extraerles información.
Este es el séptimo Auto de Determinación de Hechos y Conductas (ADHC) dentro del Caso 03, que investiga ejecuciones extrajudiciales a nivel nacional. Con este fallo, la JEP ha imputado responsabilidad a 106 militares, de los cuales 92 han reconocido los crímenes.
“Por medio de la contrastación de todo el acervo probatorio del caso, la Sala de Reconocimiento de Verdad estableció que, entre el 1 de enero de 2004 y el 31 de diciembre de 2007, ocurrieron por lo menos 270 hechos con 442 víctimas. De este total, 434 fueron asesinadas y ocho sobrevivieron. Asimismo, 203 personas fueron víctimas de desaparición forzada y 41 de ellas fueron torturadas”, indicó la JEP en un comunicado.
Según el tribunal, la presión por resultados operacionales llevó a los militares a ejecutar estas acciones para obtener reconocimiento y beneficios dentro de la institución.
