La Jurisdicción Especial para la Paz imputó crímenes de guerra, de lesa humanidad y delitos del Código Penal colombiano a 30 integrantes del Ejército Nacional por 209 asesinatos presentados falsamente como bajas en combate en el Meta. Entre los imputados se encuentran tres generales retirados.
Los brigadieres generales retirados Carlos Ovidio Saavedra Sáenz y Francisco José Ardila Uribe, así como el mayor general retirado Carlos Eduardo Ávila Beltrán, deberán responder por estos crímenes junto con 20 exintegrantes del Batallón de Infantería No. 21 Batalla Pantano de Vargas y siete del Gaula Rural Meta.
El presidente de la JEP, Alejandro Ramelli, explicó que los imputados responderán por 209 asesinatos, 65 de ellos seguidos de desapariciones forzadas, además de una tentativa de homicidio. Los hechos ocurrieron entre 2002 y 2007 y fueron calificados como crímenes de guerra y de lesa humanidad.
La magistrada Catalina Díaz destacó que esta decisión permite concluir con pruebas que se trató de un patrón macro criminal nacional. “Esta decisión cierra la fase de investigación territorial. Podemos decir con pruebas que es un patrón macro criminal nacional. Estos hechos ocurrieron en todo el país”, señaló.
La magistrada explicó que este patrón está ligado a una política que identificaba la baja como el indicador real del éxito de la operación militar, lo cual generó presión por resultados y competencia entre unidades militares que llevó a “bajar a como diera lugar”.
Durante la fase de investigación, la Sala de Reconocimiento de Verdad escuchó testimonios de antiguos comandantes del Bloque Centauros de las Autodefensas, entre ellos Dairo Antonio Úsuga (Otoniel), Manuel de Jesús Pirabán (Pirata) y Luis Arlex Arango Cárdenas (Chatarro).
La JEP determinó que se construyó una alianza entre integrantes del Ejército Nacional y el Bloque Centauros a través de tres modalidades: operatividad conjunta, permisividad con el accionar paramilitar y presentación de bajas falsas en combate. Esta última se convirtió en la retribución principal que los paramilitares acordaron con la fuerza pública a cambio de dejarlos delinquir en actividades relacionadas con narcotráfico.
El tribunal concluyó que hubo una falla sistémica de las instituciones militares y civiles encargadas de proteger a la población en Meta, incluyendo la Justicia Penal Militar, la Fiscalía General y la Procuraduría General. Una vez notificada la decisión, los comparecientes deciden si aceptan la imputación o se van por la vía adversaria.
