Las inundaciones que golpearon a Córdoba no solo destruyeron viviendas y cultivos, también pusieron en jaque el sustento de decenas de miles de trabajadores. La Cámara de Comercio de Montería advirtió este jueves que solo con los 8.389 empresarios formalmente registrados como afectados, ya se contabilizan más de 32.000 empleos comprometidos en el departamento. Y esa cifra, advirtió su presidente ejecutivo Álvaro Segrí Sepúlveda, es conservadora.
La informalidad laboral y comercial que caracteriza a Córdoba, estimada en más del 62%, significa que miles de trabajadores por cuenta propia, vendedores estacionarios, jornaleros agrícolas y microempresarios sin registro no aparecen en ninguna base de datos institucional. Sus empleos no se cuentan, pero también están en riesgo.
El impacto no es solo estadístico. Detrás de cada empleo comprometido hay una familia que dejó de recibir ingresos, un arriendo sin pagar, una canasta básica incompleta y una deuda que crece mientras el negocio permanece cerrado o inundado. La emergencia hídrica que comenzó como una crisis ambiental se está convirtiendo en una crisis social de proporciones que el departamento tardará meses, o años, en superar.
