Interpol levanta circular roja contra Carlos Ramón González, pero Fiscalía pide reactivarla

El organismo internacional argumentó restricciones en la información; González permanece en Nicaragua desde 2024.
58 minutos atrás
Carlos Ramón González Merchán, exdirector de la DNI.

Interpol, desde su sede en Lyon (Francia), eliminó este martes la orden de captura internacional contra Carlos Ramón González, exdirector del Dapre y la DNI, señalado como uno de los cerebros del escándalo de corrupción en la UNGRD. La decisión, adoptada de manera unilateral, se fundamentó en que la solicitud original de las autoridades colombianas contenía información que el organismo consideró protegida bajo derechos y libertades del solicitante.

“La comisión determinó la existencia de información restringida en relación con la solicitud”, explicó Interpol en su comunicado, agregando que dicha información “había sido considerada restringida para proteger los derechos y las libertades del solicitante”.

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Con la anulación de la circular roja, González tendría libertad de desplazarse fuera de Nicaragua, país donde permanece desde 2024 bajo la protección del gobierno de Daniel Ortega, luego de obtener asilo político con el respaldo de la embajada colombiana en ese territorio.

No obstante, Interpol dejó abierta la puerta para una nueva solicitud. “Existe la posibilidad de elevar una nueva solicitud de publicación de notificación roja, siempre que se aporten elementos materiales probatorios o información relevante relacionada con hechos nuevos”, precisó el organismo.

La Fiscalía no esperó: desde el 2 de abril ya había pedido reactivar la circular, sustentada esta vez en el delito de lavado de activos. El ente acusador lo ubica como pieza clave de la red que habría desfalcado a la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres.

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Según el expediente judicial, en septiembre de 2023, González ordenó, desde el Palacio de Nariño, la entrega de contratos de la UNGRD a los entonces presidentes del Senado, Iván Name, y de la Cámara, Andrés Calle, por 60.000 y 10.000 millones de pesos respectivamente, con el fin de garantizar la aprobación de las reformas del presidente Petro.

La fiscal María Cristina Patiño le imputó cargos ante el Tribunal de Bogotá por cohecho, peculado y lavado de activos. González ha negado todos los señalamientos.