El Gobierno de Guatemala emitió un comunicado oficial en el que expresa su firme rechazo a las órdenes de captura emitidas contra el embajador designado ante el Vaticano, Iván Velásquez Gómez, actual embajador de Colombia, así como contra la fiscal general de Colombia, Luz Adriana Camargo Garzón.
Según el pronunciamiento, las medidas carecen de fundamento legal y representan una violación a acuerdos internacionales suscritos entre Guatemala y organismos multilaterales como las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos. El comunicado califica las acciones como “espurias” y con un evidente sesgo político, argumentando que forman parte de una tendencia en el país centroamericano de criminalizar a operadores judiciales vinculados con la lucha anticorrupción.
Las autoridades guatemaltecas sostienen que estas decisiones atentan contra los principios del derecho internacional y reflejan un uso indebido del sistema penal con fines de represalia política. Además, denuncian una tergiversación del sentido de justicia promovido por quienes, en su momento, encabezaron esfuerzos significativos para enfrentar la impunidad.
El Gobierno guatemalteco aseguró estar en contacto con Colombia para gestionar las aclaraciones diplomáticas necesarias, en un intento por evitar un deterioro en las relaciones bilaterales y preservar la honra de ambas naciones frente al controversial actuar del Ministerio Público.
El escándalo judicial se intensifica tras revelarse que el fiscal guatemalteco Rafael Curruchiche, quien promovió las órdenes de captura, ha sido señalado como “corrupto y antidemocrático” por Estados Unidos y la Unión Europea.
