La reducción del 25 % en la operación de Cerro Matoso llevó a la Asociación Colombiana de Minería (ACM) y a la Federación Colombiana del Carbón (Fenalcarbón) a solicitar la intervención del Gobierno Nacional para restablecer el suministro de gas que requiere la compañía y evitar mayores efectos sobre la actividad productiva.
La disminución de la operación se produjo después de que Canacol Energy restringiera el 55 % del gas contratado por la empresa.
Frente a ese escenario, la ACM pidió la actuación de la Superintendencia de Sociedades, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios y el Ministerio de Minas y Energía para que “actúen con celeridad, garanticen el respeto del ordenamiento jurídico colombiano y adopten las medidas necesarias para garantizar así el suministro de gas”.
El gremio manifestó que la reducción de la producción ya repercute en los trabajadores, contratistas, proveedores y en los recursos que recibe la Nación. Según sus cálculos, una operación funcionando a plena capacidad aporta alrededor de COP 3.000 millones diarios en regalías.
También advirtió que, si la restricción se mantiene, podrían presentarse incrementos en el precio del gas con efectos sobre las tarifas y los subsidios.
Fenalcarbón expuso que un eventual cierre de una de las dos líneas de producción de Cerro Matoso disminuiría cerca del 50 % la demanda de carbón de la empresa, situación que impediría comercializar aproximadamente 90.000 toneladas al año producidas por compañías de Córdoba.
El presidente ejecutivo de Fenalcarbón, Carlos Cante, afirmó: “La decisión no solo compromete la continuidad de una de las operaciones industriales más importantes del país, sino que amenaza directamente la actividad carbonífera que abastece a la empresa y de la cual dependen cientos de familias”.
La restricción en el suministro de gas se originó tras una decisión adoptada el 24 de junio por una Corte de Alberta, en Canadá, que autorizó en primera instancia la terminación anticipada de contratos de suministro y transporte de gas de Canacol Energy dentro de un proceso de reestructuración por insolvencia.
Esa determinación aún deberá ser analizada por la Superintendencia de Sociedades en Colombia, mientras las empresas involucradas cuentan con un plazo de 21 días para presentar recurso de apelación.
