Más de 50 actores del sistema de salud, entre ellos pacientes, profesionales, sociedades científicas y prestadores, han expresado su rechazo a la solicitud del Ministerio de Salud de anular el Auto 007 de 2025, emitido por la Corte Constitucional. En un documento conjunto, advirtieron que esta acción representa un incumplimiento de decisiones judiciales y profundiza la crisis financiera del sistema, afectando especialmente a pacientes con enfermedades crónicas, huérfanas y de alto costo.
El Auto 007 de 2025 es resultado del seguimiento a la Sentencia T-760 de 2008, en la que la Corte ordenó al Estado garantizar el financiamiento suficiente del sistema de salud. Sin embargo, la solicitud de nulidad presentada por el Gobierno es vista por los gremios como una estrategia dilatoria que pone en riesgo la atención médica de miles de colombianos.
En el comunicado, los firmantes recalcan que la crisis financiera del sistema de salud se debe a la insuficiencia de la Unidad de Pago por Capitación (UPC), problemática que ha sido señalada desde 2022 sin que el Ministerio haya implementado soluciones efectivas. Además, cuestionan la intención del Gobierno de desconocer la supervisión de la Corte Constitucional en la aplicación de la Sentencia T-760.
“El Ministerio de Salud debe asumir su responsabilidad y garantizar los recursos para la atención de los pacientes en vez de cuestionar las decisiones judiciales que protegen el derecho a la salud”, señala el documento. Asimismo, se hace un llamado a la Corte Constitucional para que mantenga su independencia y rechace la solicitud del Gobierno, priorizando la estabilidad y sostenibilidad del sistema de salud.
Los gremios destacan que la inacción del Ministerio ha generado graves afectaciones en la atención de los ciudadanos y que la falta de recursos pone en jaque el acceso oportuno y adecuado a los servicios médicos. La Asociación Colombiana de Sociedades Científicas, presidida por el médico cordobés Agamenón Quintero, también se sumó a la petición de negar la nulidad y exigir medidas concretas para resolver la crisis.
“El derecho a la salud no puede estar sujeto a dilaciones burocráticas ni estrategias que agraven la crisis del sector. Es imperativo que las órdenes judiciales se cumplan y que el Gobierno adopte soluciones efectivas para garantizar la atención de los colombianos”, concluyen los firmantes.
