La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), el Ministerio de Justicia, la Unidad de Implementación del Acuerdo Final y otras entidades del Gobierno avanzan en la construcción de un decreto que fijará las condiciones transversales para implementar las Sanciones Propias y las medidas restaurativas que impondrá el Tribunal para la Paz.
El proyecto establece las reglas que deberán seguir entidades públicas y privadas que participen en la ejecución de estas sanciones, conocidas como Trabajos, Obras y Actividades con contenido Restaurador (TOAR) y Medidas de Contribución a la Reparación (MCR). El esquema garantiza que no se configure una relación laboral, pero sí exige afiliación a seguridad social, prevención de riesgos laborales y condiciones dignas de habitabilidad para los comparecientes.
Además, el decreto contempla garantías de seguridad tanto para quienes cumplen las sanciones como para las comunidades en los territorios. También prevé que el Estado disponga de la institucionalidad necesaria para aplicar restricciones de derechos y libertades durante el tiempo que duren estas sanciones restaurativas.
La Sección de Reconocimiento de la JEP y su Secretaría Ejecutiva insistieron en que el Congreso debe dar prioridad a la asignación de recursos en el Presupuesto General de 2026 para financiar los primeros proyectos. “Queremos que las órdenes no se queden en el papel, sino que sean viables en los territorios”, señaló el magistrado Alejandro Ramelli, presidente de la JEP.
El director de Justicia Transicional del Ministerio de Justicia, Juan David Villalba, recalcó la importancia de expedir pronto la norma para responder con eficacia a las sentencias. Por su parte, Gloria Cuartas, directora de la Unidad de Implementación, hizo un llamado a fortalecer la seguridad de comparecientes y comunidades en medio de la actual crisis de violencia.
La Misión de Verificación de la ONU destacó la coordinación entre Gobierno y JEP y recordó que en octubre el Consejo de Seguridad recibirá un informe sobre los avances en este punto del Acuerdo Final.
Con esta discusión normativa, el Estado reafirma su compromiso con la verdad, la reparación y la no repetición, elementos centrales de la justicia transicional.
