El gobierno de Gustavo Petro y el sector bancario colombiano firman acuerdo para ejecutar el programa ‘Abrigo’, un paquete de alivios financieros para los damnificados de la emergencia invernal en ocho departamentos del país, que además descarta definitivamente la polémica figura de las inversiones forzosas que el Gobierno pretendía decretar.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, y el presidente de Asobancaria, Jonathan Malagón, firmaron el convenio luego de tres semanas de reuniones en las que ambas partes encontraron puntos de acuerdo desde posiciones inicialmente distantes. “Sentados en la misma mesa se construyen mejores soluciones que desde la imposición”, señaló Malagón al cerrar el trato.
Las medidas entran en vigencia este jueves y aplican para deudores inscritos en el Registro Único de Damnificados (RUD), que construye la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. Según el nivel de afectación de cada persona, los beneficiarios podrán acceder a períodos de gracia de hasta doce meses sin causación ni cobro de intereses, y sin ser reportados negativamente en centrales de riesgo. Además, los cobros judiciales y prejurídicos quedan suspendidos.
El acuerdo también contempla la entrega de 2,1 millones de nuevos créditos en los departamentos afectados durante los próximos doce meses, de los cuales 270.000 son adicionales a los que el sector financiero habría otorgado sin este convenio. Los sectores de turismo, agricultura e industria son los prioritarios, con una meta de crecimiento crediticio de al menos el 20%.
Más de 200.000 de esos créditos contarán con una cobertura de hasta el 90% del Fondo Nacional de Garantías, mientras que Bancóldex aportará líneas de redescuento para 150.000 créditos productivos. Los que tengan mayor respaldo del Fondo no podrán superar una tasa de interés equivalente al IBR, actualmente en 9,6%, más seis puntos porcentuales.
El Gobierno decretó la emergencia económica, social y ecológica el 11 de febrero en Córdoba, Antioquia, La Guajira, Sucre, Bolívar, Cesar, Magdalena y Chocó. A futuro, el Ministerio de Hacienda prevé trasladar recursos a la Agencia Nacional de Tierras para la eventual reubicación de familias en zonas con riesgo de inundación.
