El Gobierno Nacional anunció que impulsará un impuesto extraordinario al patrimonio de grandes empresas para cubrir los costos que deja la emergencia por lluvias atípicas e inundaciones en Córdoba y otros territorios afectados.
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, explicó que la medida busca obtener recursos inmediatos ante el deterioro fiscal y la magnitud de los daños.
Según el funcionario, la reconstrucción de las zonas impactadas demandará cerca de ocho billones de pesos. Con ese cálculo, el Ejecutivo diseñó un gravamen dirigido únicamente a sociedades con patrimonios elevados, con el propósito de proteger a pequeñas y medianas compañías.
El ministro detalló que el tributo aplicará a personas jurídicas con activos líquidos desde 200.000 UVT, equivalentes a unos 10.000 millones de pesos.
Estas empresas pagarían una tarifa marginal de 0,6 %, mientras que los patrimonios superiores a 600.000 UVT, cercanos a 30.000 millones, asumirían una tasa de 1,2 %. Hacienda proyecta que alrededor de 15.000 firmas entrarían en el esquema.
Ávila señaló que el Gobierno Nacional evalúa declarar una nueva emergencia económica para habilitar este mecanismo. Afirmó que la coyuntura combina presión presupuestal acumulada y fenómenos climáticos extraordinarios que obligan a buscar ingresos adicionales.
El titular de la cartera también recordó que el Congreso rechazó una ley de financiamiento que pretendía aportar 16,3 billones de pesos al presupuesto y que la Corte Constitucional suspendió medidas tributarias adoptadas en una emergencia anterior. Esos factores, explicó, redujeron el margen de maniobra del Ejecutivo.
El plan oficial prioriza la atención humanitaria, la recuperación productiva y la rehabilitación de infraestructura en las regiones anegadas. Con este impuesto temporal, el Gobierno espera garantizar liquidez y acelerar la respuesta estatal frente a la crisis climática.
