Gobierno lleva un mes sin rendir cuentas sobre emergencia económica, denuncia senador Motoa

Congresista exige convocatoria urgente de ministros tras vencimiento del plazo constitucional para explicar decretos de emergencia.
2 meses atrás
Foto | RR.SS.

El legislador Carlos Fernando Motoa, representante de Cambio Radical en el Senado, denunció que transcurrieron 30 días desde la declaratoria de emergencia económica sin que el Ejecutivo explique los fundamentos de esta medida extraordinaria.

El congresista presentó su tercera solicitud ante la Mesa Directiva para que convoque a los funcionarios del Gabinete. “No es admisible que después de un mes desde que Gustavo Petro asumió estas facultades extraordinarias, permanezca sin ofrecer explicaciones ni transparencia alguna”, manifestó Motoa.

La proposición de control político que presentó el parlamentario recibió aval de la Plenaria el 26 de diciembre pasado. Sin embargo, la mayoría de carteras ministeriales ignoró los cuestionarios remitidos. El 5 de enero solicitó la convocatoria inmediata para realizar el debate correspondiente, petición que repitió el 13 del mismo mes sin obtener respuesta.

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“Los citados al debate no han entregado contestación completa al interrogatorio aprobado por la Plenaria senatorial”, expresó el legislador en su comunicación oficial.

Únicamente la cartera de Hacienda respondió íntegramente los cuestionamientos. Los ministerios de Justicia y Defensa entregaron respuestas incompletas, mientras las demás dependencias solicitaron ampliación de plazos o guardaron silencio absoluto.

Motoa presentó queja ante la Procuraduría por la omisión de los ministerios y demandó el decreto de emergencia ante la Corte Constitucional. “Considerando los tiempos establecidos en la Constitución y la legislación vigente, el debate de control político debe celebrarse como fecha límite el 31 de enero de 2026, con respuestas obligatorias de todas las carteras”, recalcó el senador.

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El parlamentario insiste en que el Congreso debe ejercer su función constitucional de fiscalización sobre las acciones ejecutivas que afectan la economía nacional.